La Cámara de Diputados convirtió en ley la reforma de la norma que protege los glaciares y el ambiente periglacial, en una sesión atravesada por la tensión política, las denuncias de “entrega de recursos” y una fuerte movilización en las calles. El oficialismo de Javier Milei, junto a sus aliados, logró imponer su mayoría y avanzar con un cambio clave en la Ley 26.639, abriendo la puerta a la expansión de proyectos mineros en zonas hasta ahora protegidas.
La modificación introduce un giro central: deja de considerar a todos los glaciares y áreas periglaciares como reservas estratégicas de agua, para limitar la protección únicamente a aquellas formaciones que acrediten un “aporte hídrico relevante y comprobable”. En la práctica, esto implica que numerosos cuerpos de hielo menores quedarán fuera del alcance de la ley, habilitando su posible explotación.
La votación se dio en un clima cargado. Afuera del Congreso, organizaciones ambientalistas, asambleas ciudadanas y sectores sociales se movilizaron bajo la consigna “La Ley de Glaciares no se toca”, en una protesta que fue contenida por un fuerte operativo de seguridad y que derivó en incidentes. La escena reflejó el nivel de conflictividad que genera una reforma que impacta directamente sobre uno de los recursos más sensibles: el agua.
El oficialismo contó con el respaldo de bloques aliados como el PRO, la UCR y sectores provinciales vinculados a distritos mineros, en una convergencia política que la oposición interpretó como alineada con los intereses de grandes corporaciones del sector. Desde el Gobierno, en cambio, defendieron la iniciativa como una herramienta para “ordenar” la normativa y favorecer inversiones.
Durante el debate, las críticas fueron contundentes. Desde Unión por la Patria denunciaron que la reforma no responde a vacíos legales sino a presiones del lobby minero, y advirtieron que se debilita un esquema de protección que había sido avalado por la Corte Suprema. También cuestionaron que la nueva redacción delegue en criterios políticos —y no científicos— la determinación del valor hídrico de los glaciares.
Otros sectores opositores coincidieron en que la norma representa un retroceso. Legisladores de distintos espacios señalaron que se abre un escenario de mayor vulnerabilidad ambiental y alertaron sobre las consecuencias a largo plazo en el acceso al agua, la biodiversidad y el equilibrio climático.
Desde la izquierda, el rechazo fue aún más duro. Denunciaron que la ley consolida un modelo de “saqueo acelerado” de recursos naturales, mientras que otros diputados advirtieron que se podría generar una competencia entre provincias por atraer inversiones a costa de flexibilizar controles ambientales.
El debate también tuvo derivaciones políticas. La oposición aprovechó la sesión para insistir con cuestionamientos al jefe de Gabinete, Manuel Adorni, y exponer otras tensiones internas del Gobierno, en un intento por vincular la agenda ambiental con el clima de crisis política que atraviesa la administración.
Con la ley ya aprobada, el foco ahora se traslada al plano judicial. Distintos sectores anticiparon que impulsarán presentaciones para frenar su aplicación, argumentando que podría vulnerar principios constitucionales y tratados internacionales en materia ambiental.
La sanción marca un punto de inflexión. No solo por el cambio normativo en sí, sino porque instala con más fuerza un debate de fondo: hasta qué punto la necesidad de atraer inversiones puede justificar la flexibilización de protecciones sobre recursos estratégicos. En un contexto de crisis económica, la discusión por el agua y el modelo de desarrollo promete seguir escalando tanto en el Congreso como en la calle.