La discusión por la modificación de la Ley de Glaciares dejó de ser un tema técnico o parlamentario para transformarse en una señal de alarma social. Miles de personas se movilizaron frente al Congreso y en distintos puntos del país impulsadas por una preocupación concreta: el riesgo de depredación de recursos estratégicos, en especial el agua, en un contexto donde crece la desconfianza sobre el rumbo de las políticas extractivas.
Bajo la consigna “la Ley de Glaciares no se toca”, la protesta reunió a manifestantes que ven en la iniciativa una amenaza directa sobre reservas clave para el futuro. No se trata solo de una discusión ambiental, sino de un planteo más amplio sobre qué modelo de desarrollo se impulsa y quiénes se benefician. En ese marco, la posibilidad de habilitar mayor actividad minera en zonas sensibles encendió alertas sobre el impacto en acuíferos y fuentes de agua potable.
La movilización, que partió desde Avenida de Mayo y 9 de Julio hacia el Congreso, se desarrolló en medio de un fuerte operativo de seguridad que incluyó el uso de gases para dispersar a los manifestantes. La tensión también se replicó en provincias como Mendoza, donde se registraron detenciones, y en otras ciudades donde el reclamo se articuló con protestas docentes y de jubilados, ampliando el alcance del malestar.
Dentro del recinto, el diputado Néstor Pitrola llevó esa preocupación al debate parlamentario. Denunció que la modificación de la ley implica avanzar sobre zonas glaciares y periglaciares que concentran una parte sustancial de las reservas de agua del país, afectando potencialmente a millones de personas. En su intervención, cuestionó que el argumento del desarrollo minero oculte los riesgos de un deterioro ambiental irreversible.
El eje del reclamo, tanto en la calle como en el Congreso, gira en torno a una idea que gana fuerza: el agua como recurso estratégico no renovable y como derecho colectivo. Para los manifestantes, la flexibilización de los controles abre la puerta a un modelo extractivo que prioriza la renta a corto plazo por sobre la sustentabilidad a largo plazo.
También se suman críticas al esquema de incentivos a grandes inversiones, que —según los opositores— podría facilitar la explotación intensiva de recursos sin garantías suficientes de protección ambiental ni de retorno económico efectivo para el país. En ese punto, la preocupación no es solo ecológica, sino también económica y política: qué queda en Argentina y qué se va.
El conflicto expone, además, una tensión creciente entre decisiones tomadas a nivel central y resistencias territoriales. En varias provincias cordilleranas, donde el impacto sería directo, el rechazo a este tipo de reformas tiene antecedentes y una fuerte base social.
En ese contexto, la consigna “defendemos el agua y rechazamos a los depredadores” sintetiza algo más profundo que una protesta puntual: expresa el temor de amplios sectores a que, bajo la presión de la crisis económica, se avance sobre recursos vitales sin un debate amplio ni garantías de preservación. La discusión recién empieza, pero el nivel de movilización anticipa que no será un tema fácil de cerrar.
Fuente: Prensa Obrera