El secretario de Gobierno de Presidencia Roque Sáenz Peña, Diego Landriscina, pidió licencia en su cargo en medio de la crisis política y judicial abierta por las inversiones de fondos municipales en la Bolsa de Comercio del Chaco, una trama que ya derivó en denuncias penales, cruces públicos y un fuerte impacto en la gestión municipal.
La licencia fue solicitada mediante una nota dirigida al intendente Bruno Cipolini. En ese escrito, Landriscina sostuvo que su decisión busca “preservar la institucionalidad” y “aportar claridad” frente a hechos que ya tomaron estado público, además de evitar cualquier interpretación de interferencia en actuaciones administrativas o judiciales en curso.
El pedido se conoció después de que quedara en el centro de la controversia por las operatorias financieras realizadas con recursos públicos del municipio, en un expediente que todavía está bajo análisis y sobre el que existen versiones enfrentadas entre la comuna, la Bolsa de Comercio del Chaco y los denunciantes opositores.
Qué se denuncia y por qué escaló el conflicto
La discusión pública se aceleró luego de una denuncia penal impulsada por el diputado provincial Santiago Pérez Pons y concejales justicialistas, quienes plantearon presuntas irregularidades en el manejo de fondos municipales mediante inversiones financieras de riesgo. En ese marco, se mencionan pérdidas millonarias y posibles responsabilidades de funcionarios del Ejecutivo municipal.
En paralelo, el intendente Cipolini anunció una denuncia contra directivos de la Bolsa de Comercio del Chaco, al sostener que el municipio fue perjudicado por maniobras que calificó como irregulares y al afirmar que no había autorización para determinadas operaciones de riesgo.
La Bolsa, por su parte, respondió públicamente que las operaciones no garantizadas se realizaban desde 2023 y que la entidad actuó como intermediaria, remarcando que quien administraba la cuenta comitente y decidía las colocaciones era un profesional autorizado por el municipio. En esa explicación pública, el gerente general Julio Barrios Cima identificó al secretario de Gobierno como el funcionario habilitado para esa operatoria.
Es decir, el caso ya no está en una sola versión. Hay una disputa abierta sobre quién decidió, quién autorizó y quién debía controlar. Lo de siempre, pero con fondos públicos y montos que no son precisamente de caja chica.
El dato económico que suma tensión política
A la controversia judicial y política se agrega un elemento sensible: la facturación del propio funcionario señalado.
Según una factura que circula públicamente y es atribuida a Diego Landriscina, figura un comprobante tipo C emitido a nombre de la Bolsa de Comercio del Chaco, con fecha 05/11/2025, por el concepto “comisiones por manager octubre 2025”, por un total de $4.059.320,21. En el documento también aparece la leyenda “Asesor Financiero Certificado / Contador Público”.
Ese dato no prueba por sí mismo una irregularidad penal o administrativa, pero sí suma contexto relevante al debate público, porque muestra un vínculo de prestación profesional con la entidad que hoy está en el centro del conflicto por las inversiones municipales. En una causa de este tipo, ese cruce entre rol público, decisiones financieras y relaciones profesionales va a quedar inevitablemente bajo lupa judicial y política.
Qué puede pasar ahora
Con la licencia de Landriscina, la crisis entra en una nueva etapa. El movimiento busca bajar presión institucional, pero no desactiva el problema de fondo: la necesidad de establecer con precisión cómo se administraron los fondos municipales, qué instrumentos se utilizaron, qué nivel de autorización existía y dónde se ubican las responsabilidades.
Mientras avanzan las actuaciones, el caso ya produjo un daño político concreto en Sáenz Peña. La discusión dejó de ser técnica y pasó a tocar un punto central de cualquier gestión: el manejo de recursos públicos y la confianza en quienes los administran. Y eso, cuando explota, no se ordena con una nota de licencia.