El sistema financiero argentino atraviesa una nueva etapa de ajuste estructural que vuelve a encender alarmas en el sector laboral. En este contexto, el Banco Santander Argentina confirmó el cierre de más de 40 sucursales en distintas provincias, una decisión que, según denunció el gremio, podría dejar en riesgo más de 500 puestos de trabajo entre empleados directos y tercerizados.
La advertencia fue realizada por la Asociación Bancaria, que se declaró en estado de alerta y movilización frente a lo que considera un proceso de ajuste sostenido desde el año pasado. El conflicto ya se encuentra bajo análisis en la Secretaría de Trabajo, en medio de negociaciones que hasta el momento no ofrecen certezas para los trabajadores.
Desde el sindicato sostienen que la reestructuración no solo implica el cierre de más de 40 sucursales ya confirmadas, sino que podría ampliarse con otro paquete que superaría las 30 nuevas sedes en distintas provincias. El banco argumenta que la migración hacia canales digitales, aplicaciones móviles y operaciones automatizadas redujo la demanda de atención presencial. Sin embargo, la representación gremial rechaza esa explicación y la interpreta como una estrategia de reducción de costos laborales. Chaco no sería la excepción.
Noelia Fernández, delegada de la Comisión Gremial Interna en Buenos Aires, cuestionó públicamente la postura empresarial en declaraciones a AM 750: “No es que la gente dejó de ir a los bancos por decisión propia. Fueron ellos mismos quienes implementaron sistemas que dificultan la atención presencial”, afirmó, señalando que la digitalización habría sido utilizada como herramienta para justificar el achicamiento de la estructura física.
En ciudades del interior el impacto ya se hace visible. En Comodoro Rivadavia se registraron más de seis desvinculaciones durante 2025 y al menos tres adicionales en lo que va del año. Según denuncian los delegados, se trata de “desvinculaciones involuntarias” bajo esquemas de presión para aceptar retiros con condiciones prefijadas. También genera preocupación el cierre previsto para abril de la sucursal de Las Heras, donde aún no hay definiciones claras sobre reubicaciones o indemnizaciones.
Más allá del plano laboral, la reducción de sucursales reabre el debate sobre la inclusión financiera. En muchas localidades del interior, la desaparición de una oficina obliga a los clientes a trasladarse decenas —e incluso más de 200— kilómetros para realizar trámites presenciales. Jubilados, personas mayores y usuarios con escaso acceso digital figuran entre los sectores más afectados.
El banco sostiene que el proceso responde a un cambio estructural en los hábitos de los usuarios, con creciente utilización de home banking, billeteras virtuales y cajeros automáticos. Desde el gremio, en cambio, advierten que el cierre de cajas y la derivación de operaciones a corresponsalías como Pago Fácil o Rapipago modifica sustancialmente la relación con los clientes y redefine el perfil del empleo bancario.
El proceso de reconversión no es exclusivo de una sola entidad y forma parte de una tendencia más amplia dentro del sistema financiero, acelerada tras la pandemia. Sin embargo, el punto de conflicto radica en la magnitud del ajuste y en la falta de garantías laborales durante la transición.
Mientras continúan las negociaciones, el clima en las sucursales es de incertidumbre. Desde la Asociación Bancaria no descartan medidas de fuerza si no se aseguran los puestos de trabajo y condiciones claras de reconversión para el personal afectado.
Fuente: ADNSUR