A casi un año del ataque al fotógrafo Pablo Grillo en las inmediaciones del Congreso, el gobierno de Javier Milei difundió un comunicado oficial que restringe la cobertura periodística durante las jornadas en las que se continuará debatiendo la Reforma Laboral en la Cámara de Diputados de la Nación Argentina. La medida fue emitida por el Ministerio de Seguridad de la Nación, actualmente bajo la órbita de Alejandra Monteoliva.
El texto oficial informa que, “a fin de preservar la integridad física” de trabajadores de prensa, se estableció como “zona exclusiva” para el estacionamiento de móviles periodísticos la vereda de Hipólito Yrigoyen al 1700 (lado par), durante los días 18, 19 y 20 de febrero de 2026.
Sin embargo, el párrafo que encendió las alarmas en el ámbito periodístico es el que advierte: “Ante hechos de violencia, nuestras Fuerzas actuarán”. Además, el comunicado recomienda a periodistas y camarógrafos “evitar posicionarse entre eventuales focos violentos y el personal de las Fuerzas de Seguridad”, señalando que tal ubicación podría implicar una “autopuesta en peligro”.
Organizaciones de prensa y referentes del sector interpretaron el mensaje como una advertencia directa que, en los hechos, condiciona la cobertura de posibles episodios represivos. La referencia a la “autopuesta en peligro” fue leída como un intento de deslindar responsabilidades estatales ante eventuales agresiones contra trabajadores de medios.
El antecedente reciente más grave es el ataque sufrido por el fotógrafo Pablo Grillo durante una movilización en la misma zona del Congreso, hecho que generó fuertes cuestionamientos sobre el accionar policial y la protección a la labor periodística.
En este contexto, el comunicado oficial no solo delimita físicamente el trabajo de la prensa, sino que introduce un tono intimidatorio al advertir que las fuerzas de seguridad “actuarán”, sin especificar protocolos ni garantías para el ejercicio del derecho a informar. La medida se da en medio de un clima de alta tensión política y social por el tratamiento de la Reforma Laboral, uno de los proyectos más resistidos por el movimiento sindical y sectores opositores.
Para asociaciones de periodistas, la cobertura en la vía pública —especialmente en situaciones de conflicto— forma parte del ejercicio constitucional de la libertad de expresión y del derecho de la sociedad a estar informada. La decisión del Ministerio abre un nuevo frente de polémica sobre los límites al trabajo de la prensa en operativos de seguridad y el equilibrio entre prevención y restricción.