La crisis por el Fondo Estímulo Productivo (FEP) en el Ministerio de Producción del Chaco sumó un nuevo capítulo esta semana: personal jerárquico del organismo denunció que el adicional correspondiente a enero fue liquidado fuera de término y con una quita del 91%, y convocó a una marcha para este viernes 13 de febrero a las 20 en la plaza central de Resistencia.
El reclamo apunta de lleno a la gestión provincial: los directores sostienen que el recorte no fue un “error administrativo”, sino una decisión política que impactó en ingresos esenciales y agravó la situación de trabajadores activos y jubilados del área.
Qué denuncian los directores y por qué hablan de “daño deliberado”
En publicaciones y videos difundidos en redes sociales, directores y personal jerárquico del Ministerio señalaron que el FEP de enero se pagó tarde y con un recorte extremo. Según su planteo, la demora se explicó por la negativa del ministro Oscar Dudik a firmar resoluciones necesarias para habilitar la liquidación, pese a que existía normativa vigente para hacerlo.
El punto más sensible del conflicto es el efecto inmediato en los bolsillos: uno de los directores describió que, tras la reliquidación, hubo empleados que terminaron recibiendo 0 pesos porque débitos automáticos (créditos y tarjetas) absorbieron el saldo depositado. La denuncia sostiene que esa combinación dejó a familias sin margen para cubrir alquiler, alimentos o medicación, y que el ajuste terminó funcionando como un recorte salarial de hecho.
Además, mencionaron presunta persecución interna mediante una resolución administrativa usada para presionar a técnicos a convalidar actos “contrarios a derecho”, y reclamaron intervención política y judicial para garantizar el cumplimiento de la normativa vigente.
Qué responde el Gobierno y dónde está el nudo del argumento oficial
Del lado del Ejecutivo, hubo dos líneas de respuesta que vienen apareciendo en comunicaciones oficiales y declaraciones públicas: por un lado, se explicó que el FEP no se abonó en fecha porque “las áreas contables internas” no habían concluido la liquidación; por otro, el ministro Dudik sostuvo que el fondo no se elimina, pero que se recalcularía “ajustándolo a lo que dice la ley” y a dictámenes, con el argumento de que existían distorsiones o conceptos no permitidos en la base de cálculo.
En síntesis: los trabajadores hablan de recorte y arbitrariedad; el Gobierno habla de corrección técnica y encuadre legal. La discusión real está en qué se considera válido para calcular el FEP, quién ordenó el cambio y por qué el impacto fue tan abrupto.
La marcha del 13F y el escenario que se abre
La convocatoria es para este viernes 13 de febrero a las 20, en la plaza central, bajo una consigna orientada a “hacerse escuchar”, con invitación abierta a familias y ciudadanía. El planteo de los organizadores es que el FEP es un derecho salarial con respaldo normativo y parte estructural del esquema remunerativo del organismo.
Con acciones judiciales en curso y el conflicto escalando, el Gobierno provincial va a tener que explicar con precisión qué cambió, con qué sustento y por qué el “ajuste a la ley” terminó licuando ingresos en cuestión de días.
La legalidad de la maniobra está en duda porque, según denuncian los propios directores, había normativa vigente para liquidar en tiempo y forma y se interrumpió el proceso por decisiones internas. Y aunque el Ejecutivo se ampare en la palabra “ley”, todavía no explicó con claridad qué norma habilita un recorte de este tamaño, aplicado de golpe y con este nivel de daño.
En el fondo, el patrón de la gestión de Zdero es el de ajustar sobre el salario para que cierren las cuentas, trasladando el “orden fiscal” al plato de comida del empleado público. Quizás lo más grave es la falta de empatía institucional: un gobierno que acepta como daño colateral que su gente no pueda pagar alquiler, medicamentos o comida.