Pese a reiterar públicamente que no interviene en el Poder Judicial, el presidente Javier Milei avanzó con una señal política concreta: envió al Senado el pedido para que el juez Carlos “Coco” Mahiques continúe cinco años más en la Cámara Federal de Casación Penal, el máximo tribunal penal del país, a pesar de que alcanzará el límite constitucional de 75 años el próximo 1 de noviembre.
La solicitud, revelada por el portal Palabras del Derecho, se produce en un contexto en el que el Gobierno nacional mantiene más de 200 vacantes judiciales sin cubrir y con ternas ya elevadas, pero cajoneadas en el Poder Ejecutivo. Con la nueva composición del Senado, Milei cuenta ahora con el número necesario para avanzar con designaciones que requieren mayoría simple.
Mahiques integra la Cámara Federal de Casación Penal desde 2017, adonde llegó por traslado directo durante el gobierno de Mauricio Macri, sin haber concursado para ese cargo específico. Su designación se dio en plena etapa de auge del lawfare, cuando Comodoro Py concentraba causas clave contra exfuncionarios kirchneristas y, al mismo tiempo, resolvía expedientes sensibles para el macrismo.
El apellido Mahiques está estrechamente ligado a ese período. Su hijo Juan Bautista fue funcionario del Ministerio de Justicia durante la gestión de Germán Garavano y actuó como articulador político con jueces federales. Actualmente es el jefe de los fiscales de la Ciudad de Buenos Aires. El otro hijo, Ignacio Mahiques, fue uno de los fiscales intervinientes en la causa Vialidad.
La trayectoria de “Coco” Mahiques en Casación resultó decisiva en múltiples expedientes de alcance nacional. Esa instancia revisa sentencias de todo el país y tuvo un rol central tanto en causas que avanzaron contra dirigentes opositores como en aquellas que beneficiaron a figuras del macrismo. Su llegada al tribunal coincidió con la estrategia judicial del entonces gobierno para consolidar una red de protección e influencia en los tribunales federales.
El juez también fue uno de los protagonistas del escándalo del viaje a Lago Escondido, organizado por el Grupo Clarín en la estancia del magnate Joe Lewis. En el vuelo participaron magistrados, funcionarios y operadores judiciales, entre ellos Mahiques y su hijo Juan Bautista. Los chats filtrados del grupo, autodenominado “Los Huemules”, mostraron maniobras coordinadas para presentarse como víctimas de espionaje y neutralizar la investigación judicial, lo que finalmente lograron.
Otro punto sensible es su intervención en el caso AMIA. Mahiques fue uno de los jueces que impulsó una operación mediática para presentar como “histórico” un fallo que, lejos de avanzar en el esclarecimiento del atentado, redujo condenas y absolvió a imputados por el encubrimiento inicial, particularmente en lo referido al desvío de la investigación hacia Irán y el abandono de la pista siria. El fallo no se dictó en la causa principal del atentado, que continúa sin condenas, sino en el juicio por el encubrimiento.
Tras esa resolución, Mahiques realizó declaraciones públicas que excedieron ampliamente el alcance del expediente, vinculando el fallo con la seguridad nacional, el memorándum con Irán y la muerte del fiscal Alberto Nisman. Poco después, el gobierno de Milei emitió un comunicado celebrando la sentencia y reafirmando una línea geopolítica de confrontación con Irán, en sintonía con sectores de la comunidad judía vinculados a la AMIA y la DAIA.
En ese marco, la prórroga solicitada para Mahiques aparece como una retribución política coherente con la orientación judicial y externa del actual gobierno. No se trata de un caso aislado: en dos años de gestión, Milei solo avanzó en cuatro situaciones judiciales concretas. Dos fueron los intentos fallidos de designar por decreto a Ariel Lijo y Manuel García Mansilla en la Corte Suprema. Las otras dos correspondieron a prórrogas de jueces próximos a los 75 años, entre ellos Roberto Hornos, hermano de Gustavo Hornos, uno de los magistrados más cuestionados del lawfare y visitante habitual de Mauricio Macri.
Según datos oficiales del Consejo de la Magistratura, existen 78 concursos en trámite, 157 vacantes pendientes dentro del propio organismo y otras 203 que dependen exclusivamente del Poder Ejecutivo para que se envíen los pliegos al Senado. Hasta el momento, no hay nuevos nombramientos en tratamiento.
La continuidad de Mahiques refuerza una señal clara: Milei comienza a mover piezas en el tablero judicial y elige sostener a jueces con pasado, vínculos y decisiones alineadas a los intereses del poder político y económico que dice combatir. Con cientos de cargos por cubrir, el rumbo que adopte esa política marcará el perfil real de su relación con la Justicia.