Los jueces federales Juan Manuel Iglesias, Fabián Cardozo y Eduardo Belforte dieron a conocer los extensos fundamentos de la sentencia condenatoria contra el denominado clan Hipperdinger y su red de cómplices, hallados culpables de defraudar al Estado nacional y de lavar activos provenientes de fondos públicos destinados a los sectores más vulnerables del Chaco.
El fallo, de más de 700 páginas, reconstruye con precisión el funcionamiento de una organización criminal que durante años desvió cifras millonarias de programas de vivienda orientados a comunidades indígenas y poblaciones rurales del Impenetrable chaqueño. Para el Tribunal, no se trató de hechos aislados ni de desmanejos administrativos, sino de un esquema sostenido, planificado y ejecutado desde el corazón mismo del poder municipal de Villa Río Bermejito.
La investigación tuvo origen en las denuncias impulsadas por la ex legisladora Ana María Canata y el periodista Luis Alberto Mancini, y permitió exponer una trama sistemática liderada por el entonces secretario de Gobierno municipal, José Héctor Hipperdinger, su hijo Héctor Adrián Hipperdinger —asesor legal del municipio— y el ya fallecido intendente Lorenzo Heffner. Según los jueces, los acusados montaron una estructura destinada a captar fondos federales mediante la creación de cooperativas de trabajo ficticias, utilizadas como pantalla para el desvío de recursos.
El eje operativo de la maniobra fue la llamada Federación de Cooperativas del Impenetrable Chaqueño Ltda., integrada por siete cooperativas irregulares que respondían de manera directa a los Hipperdinger. Lejos de cumplir una función social, la federación actuó como un simple vehículo para recibir transferencias estatales, mientras las obras de viviendas comprometidas no se ejecutaban o se realizaban de forma mínima, deficiente o directamente inexistente.
Los fundamentos describen con detalle el circuito del dinero. Los fondos enviados por la Nación ingresaban a las cuentas del municipio y luego eran retirados en efectivo mediante cheques emitidos a nombre de la propia Municipalidad de Villa Río Bermejito, pero cobrados en ventanilla por el intendente Heffner o por José Hipperdinger. Este mecanismo, diseñado para eludir controles administrativos y bancarios, permitió a la organización disponer materialmente de más de 219 millones de pesos entre 2011 y 2018.
La magnitud del fraude quedó acreditada a partir de inspecciones realizadas por Gendarmería Nacional y auditorías del Tribunal de Cuentas. Los peritos verificaron que en numerosos casos las viviendas nunca fueron construidas, que se informaban ubicaciones duplicadas o inexistentes y que, allí donde había alguna edificación, las condiciones eran deplorables: ausencia de instalaciones sanitarias y eléctricas, uso de materiales de ínfima calidad y estructuras inconclusas. En varios expedientes, los supuestos beneficiarios declararon no haber recibido jamás una casa.
El Tribunal también dio por probado un proceso sistemático de enriquecimiento ilícito y lavado de activos. Con el dinero proveniente de los programas sociales, el clan Hipperdinger levantó un barrio privado de cabañas de lujo —utilizando incluso el prototipo de vivienda social— destinado al alquiler turístico, además de adquirir hoteles, estaciones de servicio, supermercados, vehículos de alta gama y extensas propiedades inmobiliarias. Para los jueces, ese patrimonio no pudo ser justificado y constituye el resultado directo de la actividad delictiva.
En la parte resolutiva, José Héctor Hipperdinger fue condenado a 15 años de prisión y su hijo Héctor Adrián a 13 años. También recibieron duras penas otros integrantes del entramado familiar y colaboradores: Rosana Giménez, ex concejal y exesposa de José Hipperdinger, fue condenada a 13 años de prisión; Rolando Oscar Hipperdinger y David Ricardo Lescano, sobrino de Heffner, y las hermanas Silvia y Alejandra Hipperdinger junto a Nanci Beatriz Giménez fueron sentenciados a tres años de prisión condicional, tras acreditarse su participación en la simulación de contratos, la administración de empresas pantalla y la adquisición de bienes con fondos de origen ilícito.
En sus considerandos, los magistrados resaltaron el “afianzamiento estructural y profundo” de la corrupción dentro de la Municipalidad de Villa Río Bermejito, un contexto institucional que permitió el vaciamiento sostenido del erario público. La sentencia subraya la gravedad singular de los hechos, no solo por el volumen del dinero defraudado, sino porque los recursos estaban destinados a atender la emergencia habitacional y humanitaria de comunidades indígenas qom, sometidas a condiciones de pobreza extrema y a una vulneración persistente de sus derechos básicos.