Marco Lavagna presentó su renuncia como director del Indec luego de que el Banco Central reconociera que la demora en aplicar el nuevo Índice de Precios al Consumidor (IPC) permitió que la inflación oficial resultara artificialmente más baja durante los últimos dos años. La admisión oficial terminó de confirmar las sospechas de manipulación estadística que rodeaban al organismo.
La salida de Lavagna fue comunicada primero a los técnicos del Indec y, según trascendió, tomó por sorpresa tanto al Ministerio de Economía como a la Casa Rosada. “Se tendría que haber ido antes, perdió prestigio”, afirmó a La Política Online un técnico de larga trayectoria dentro del instituto.
La renuncia se produce apenas días antes de la difusión del índice de inflación de enero, el primero calculado con los parámetros del nuevo IPC, que incorpora ponderadores más ajustados a los hábitos de consumo actuales. Ese índice estaba técnicamente listo desde hace meses, pero su implementación fue postergada en pleno año electoral, alimentando sospechas de una decisión política para evitar un impacto inflacionario mayor.
Lo que hasta ahora eran versiones y cuestionamientos técnicos quedó explicitado en el último Informe de Política Monetaria del Banco Central. Allí se reconoce que, de haberse utilizado el nuevo IPC, la inflación habría sido más elevada, especialmente por el mayor peso que ahora tendrán los servicios públicos, tras la recomposición tarifaria iniciada en 2024.
El propio documento del BCRA admite que la demora permitió “reducir el problema” de aplicar ponderadores correspondientes a años de tarifas altas sobre períodos en los que los servicios estaban artificialmente atrasados. En otras palabras, se priorizó un esquema metodológico que suavizó los números oficiales mientras se avanzaba con ajustes que ahora impactarán con mayor fuerza.
Los datos refuerzan esa conclusión. En 2024 los precios de los bienes aumentaron un 96,3%, mientras que los servicios treparon un 189%. En 2025, los bienes subieron 26,5% y los servicios 43,1%. Con el nuevo IPC, la inflación habría sido sensiblemente mayor, un desfasaje que los gremios ya denunciaban desde el año pasado.
La gestión de Lavagna estuvo atravesada por otros episodios controvertidos. Uno de los más cuestionados fue la revisión de seis meses de series estadísticas de actividad económica en 2025, que permitió mostrar una mejora inesperada y evitar la confirmación de una recesión técnica. Esa corrección incluyó variaciones llamativas en algunos sectores y obligó al titular del Indec a dar explicaciones públicas.
También hubo tensiones con el Banco Central por la difusión de datos de turismo adaptados a necesidades políticas, luego de que el sector mostrara un rojo persistente en la balanza de servicios. A eso se sumaron cuestionamientos recurrentes sobre las mediciones de pobreza, celebradas por el Gobierno pero discutidas por especialistas y organismos académicos, que reclaman una actualización metodológica.
La renuncia de Lavagna deja al Indec en un escenario delicado, con su credibilidad nuevamente en discusión y en la antesala de la publicación de un índice clave. La admisión oficial de que los números pudieron haber sido más altos reabre un debate que la Argentina conoce bien: el costo político de intervenir las estadísticas y el impacto que esa práctica tiene sobre la confianza pública.