En la Argentina de Javier Milei, los despidos sin previo aviso y las indemnizaciones recortadas comienzan a convertirse en una postal habitual. Jorge, ex trabajador de la empresa catamarqueña NEBA, es uno de los tantos casos que reflejan el impacto del derrumbe productivo y la flexibilización de hecho de los derechos laborales.
Durante cuatro años, Jorge cumplió su rutina diaria en la fábrica dedicada a la producción de heladeras y freezers. Los vaivenes de la actividad no le eran ajenos, pero nunca había atravesado una situación como la actual: de un día para otro, la empresa decidió despedir a cerca de un tercio de su personal, sin aviso previo y sin garantizar el pago inmediato y completo de las indemnizaciones.
El trabajador relató el conflicto en medio de una protesta frente a la planta, acompañada por bombos y redoblantes. “Somos compañeros luchando por lo que nos corresponde y no nos quieren dar”, expresó. El reclamo es concreto: el pago del 100 por ciento de la indemnización que marca la ley.
La respuesta empresarial, hasta ahora, fue escalonada. Primero ofreció pagar solo la mitad de lo adeudado. Luego, ante la presión de los trabajadores, elevó la propuesta al 75 por ciento, pero en cuotas. Para los despedidos, esa oferta consolida la pérdida de derechos en un contexto donde quedarse sin empleo implica, además, quedar sin respaldo económico.
El caso de NEBA no es aislado. La crisis atraviesa a buena parte de la industria nacional. Desde la Asociación de Supervisores de la Industria Metalmecánica de la República Argentina (ASIMRA) advierten que la situación del sector automotriz es especialmente crítica.
Carlos Gutiérrez, dirigente del sindicato, señaló que la producción automotriz cayó un 73 por ciento en la provincia de Buenos Aires, como resultado de un cambio estructural en la lógica de las terminales. “Estamos viviendo un volantazo hacia la producción de utilitarios. El año pasado se dejaron de fabricar muchos modelos”, explicó.
Según detalló, esta reconversión implica menos mano de obra, mayor robotización y procesos productivos más acotados. “Por eso vemos despidos encubiertos, suspensiones y reestructuraciones. No es lo mismo producir autos que pickups, el proceso es otro”, sostuvo.
Gutiérrez agregó que, mientras las empresas mantienen su negocio a través de la importación y comercialización de vehículos, los costos del ajuste recaen casi exclusivamente sobre los trabajadores. “Si uno mira los informes de ADEFA, hay un balance comercial. Se importan más vehículos y se prepara la producción de utilitarios. Las empresas se adaptan, pero los que más pierden son los trabajadores”, concluyó.
En ese marco, los despidos sorpresivos, las indemnizaciones recortadas y la incertidumbre laboral se multiplican. Un escenario que expone el costo social del modelo económico vigente, donde la motosierra no solo recorta al Estado, sino también las garantías básicas de quienes viven de su trabajo.