Incendio en Los Alerces: la Justicia investiga posibles responsabilidades penales por la gestión del fuego
El devastador incendio en el Parque Nacional Los Alerces sumó un fuerte capítulo judicial que expone la fragilidad de la respuesta estatal frente a una de las peores tragedias ambientales en la Patagonia reciente. La Fiscalía Federal de Esquel confirmó que avanza una investigación penal para determinar si funcionarios públicos incurrieron en incumplimiento de sus deberes en el manejo del fuego, en un siniestro que ya arrasó cerca de 40 mil hectáreas en la provincia del Chubut.
La causa está a cargo del fiscal federal Santiago Roldán y apunta a quienes tenían responsabilidad directa en las políticas de prevención, detección temprana y combate del incendio, iniciado el 9 de diciembre de 2025. El expediente busca establecer si la inacción, la negligencia o decisiones erradas agravaron un escenario que, según distintos sectores, era previsible por las condiciones climáticas extremas.
La investigación judicial se apoya en informes del comando de incidentes y en dos denuncias penales presentadas por particulares. La primera, del 9 de enero, fue impulsada por un grupo de vecinos que reclamó que se analice el accionar oficial ante la posible comisión de delitos ambientales y funcionales. La segunda, del 22 de enero, fue presentada por la Asociación de Pobladores de la Reserva Los Alerces, que amplió la acusación a figuras como abuso de autoridad y violación de los deberes de funcionario público, describiendo un cuadro de imprudencia, negligencia e inobservancia de reglamentos en las etapas iniciales del combate del fuego.
Ante este panorama, el fiscal ordenó medidas de prueba que incluyen pedidos de informes a la Administración de Parques Nacionales (APN) y al Servicio Nacional de Manejo del Fuego (SNMF), además de pericias técnicas a cargo de la Brigada de Investigación de Incendios Forestales de la Policía Federal Argentina. Desde la Fiscalía aclararon que la instrucción se desarrolla sin interferir con las tareas de combate que aún continúan en la zona.
El avance judicial coincide con un reclamo político e institucional de fuerte impacto. La Cámara de Turismo de Chubut (CATCH) exigió formalmente la renuncia de las autoridades locales del Parque Nacional, denunciando una cadena de errores estratégicos y omisiones que, según el sector, contribuyeron a que el incendio se descontrolara.
En un informe elevado al presidente de la APN, Sergio Martín Álvarez, la entidad calificó la actuación oficial como un “grave incumplimiento de los deberes inherentes a sus funciones”. El documento cuestiona con dureza la respuesta inicial: aunque el foco ígneo se habría originado por la caída de un rayo entre el 6 y el 8 de diciembre en el brazo sur del Lago Menéndez, el incendio recién fue detectado el día 9. Para la Cámara, el despliegue posterior fue claramente insuficiente, con apenas dos helicópteros y un hidroavión Tracker operando en una zona de acceso complejo, pese a los pronósticos de temperaturas extremas y riesgo elevado.
El informe también apunta contra decisiones operativas consideradas absurdas frente a la emergencia. Entre ellas, la exigencia de desinfectar el calzado de los brigadistas antes del embarque, una medida de bioseguridad que —según el sector turístico— resultó completamente descontextualizada ante un incendio de rápida propagación que exigía máxima celeridad.
Otro eje crítico es la gestión de la información pública. La CATCH denunció un prolongado vacío informativo entre el 20 de diciembre y el 5 de enero, que generó confusión y desconfianza. Como ejemplo, citaron el corte de la Ruta Provincial 71: primero se informó que se debía a “tareas de mantenimiento”, y recién al día siguiente se reconoció que la causa real era el avance del fuego.
El informe advierte además que la reiteración de incendios y las fallas en la gestión podrían poner en riesgo el estatus del Parque Nacional Los Alerces como Patrimonio Mundial de la Humanidad, reconocimiento otorgado por la UNESCO y clave para la preservación ambiental y el desarrollo turístico de la región.
Frente a este diagnóstico, el sector turístico presentó un petitorio con cinco exigencias concretas: la renuncia de las autoridades responsables, la realización de una auditoría técnica independiente, la designación de funcionarios con probada experiencia en manejo del fuego, la implementación de un sistema de información pública diaria y la conformación de una mesa regional para redefinir los planes de contingencia.
Mientras las llamas siguen activas y el daño ambiental crece día a día, la investigación judicial pone en el centro del debate una pregunta incómoda: si la catástrofe pudo haberse mitigado y si la desidia estatal tuvo un costo ambiental, social y económico que ahora empieza a ser revisado en los tribunales.