El encuentro de este miércoles marcó el inicio formal de un plan de lucha contra la reforma laboral impulsada por el Gobierno nacional, con una estrategia escalonada que apunta directamente a la presión política sobre los gobernadores. La primera etapa contempla dos movilizaciones provinciales: el 5 de febrero en Córdoba y el 10 en Santa Fe, territorios gobernados por Martín Llaryora y Maximiliano Pullaro, quienes en las últimas semanas dejaron trascender reparos y diferencias con el proyecto oficial.
La elección de ambas provincias no es casual. Los gremios buscan forzar definiciones claras de mandatarios que, hasta ahora, evitaron un alineamiento explícito con la Casa Rosada, en especial frente a una reforma que impacta de lleno en los derechos laborales y en las economías regionales.
El plan de lucha culminará con una movilización frente al Congreso Nacional el 11 de febrero, fecha en la que el oficialismo confía en llevar al recinto del Senado el texto de la reforma, cuestionado por amplios sectores sindicales y sociales. Para esa jornada, los trabajadores estatales nucleados en el FreSU ya anticiparon la convocatoria a un paro general, en rechazo a lo que consideran un ataque directo al trabajo formal.
En un documento difundido tras el encuentro, los gremios fueron contundentes: “No hay ningún elemento en este proyecto de reforma laboral que pueda ayudar a crear empleo, formalizar o mejorar la calidad del trabajo”. Por el contrario, advierten que la iniciativa se inscribe de manera coherente en el modelo económico que impulsa Javier Milei, basado en salarios bajos, empleo precario y debilitamiento de la organización sindical como condiciones necesarias para avanzar en la privatización de empresas públicas y el desmantelamiento del aparato productivo e industrial.
La crítica sindical no se limita al contenido del proyecto, sino que apunta al trasfondo ideológico que lo sostiene: un esquema que traslada el ajuste al mundo del trabajo y convierte la pérdida de derechos en política de Estado.
En este escenario, la incógnita pasa ahora por la posición que adoptará la conducción de la CGT. Mientras las bases y varios sectores gremiales avanzan hacia la confrontación directa, la cúpula cegetista sigue apostando al diálogo con gobernadores y legisladores, una estrategia que vuelve a quedar bajo cuestionamiento frente a la aceleración del ajuste y el calendario legislativo que impone el Gobierno.