“El derecho penal no repara lo que el Estado no supo cuidar a tiempo”
El juez de la Cámara de Responsabilidad Penal Juvenil de Catamarca, Rodrigo Morabito, hizo pública una carta abierta dirigida al presidente Javier Milei en la que cuestiona con dureza el intento del Gobierno nacional de bajar la edad de imputabilidad. El texto se suma a las advertencias de organismos de derechos humanos y sectores del Poder Judicial frente al avance de una agenda punitivista que, según plantea el magistrado, no aborda las causas estructurales de la violencia juvenil.
“El derecho penal no repara lo que el Estado no supo cuidar a tiempo”, le advierte Morabito al jefe de Estado en un mensaje respetuoso pero firme, donde sostiene que proteger a la sociedad no implica únicamente sancionar, sino prevenir el daño antes de que ocurra. En ese sentido, remarca que la respuesta estatal frente a adolescentes atravesados por el abandono, la violencia y la exclusión no puede ser “castigar más temprano”, sino “no abandonar tan temprano”.
La carta, titulada “Carta abierta al Señor Presidente de la Nación Argentina”, fue difundida públicamente y está firmada por Morabito en su doble condición de juez penal juvenil y profesor de Derecho Penal en la Universidad Nacional de Catamarca, además de integrante de la mesa nacional de la Asociación Pensamiento Penal.
El magistrado se dirige al “Economista Javier G. Milei” no desde una postura ideológica abstracta, sino desde su función cotidiana en un fuero que, según describe, rara vez ocupa el centro del debate público, pero concentra una de las responsabilidades más complejas del Estado. En su trabajo diario, afirma, se encuentra con adolescentes que no figuran en estadísticas ni discursos oficiales: jóvenes “cansados, rotos, sin esperanza”, marcados por la violencia familiar, la expulsión del sistema educativo, el consumo problemático de drogas y la utilización por parte de adultos para cometer delitos.
Morabito aclara que su intervención no busca justificar hechos delictivos ni minimizar el sufrimiento de las víctimas, cuyo dolor —sostiene— merece respeto, escucha y respuestas serias del Estado. Sin embargo, advierte que en la mayoría de los casos la primera presencia estatal en la vida de estos jóvenes se produce a través del castigo, y siempre de manera tardía.
“En los tribunales no vemos enemigos. Vemos historias de abandono acumulado. Vemos una cadena de violencias que comenzó mucho antes del hecho delictivo”, señala el juez, y cuestiona que frente a ese fracaso previo del Estado la única respuesta que se proponga sea más pena, más encierro y más dolor.
En uno de los pasajes centrales del texto, Morabito subraya que la cárcel no devuelve lo que la infancia perdió y que el castigo no reemplaza la ausencia estatal en los momentos en los que aún era posible prevenir. Desde su experiencia en el fuero penal juvenil, afirma que administrar justicia en estos contextos implica decisiones humanas y complejas: escuchar a las víctimas, pero también mirar a los ojos a adolescentes que nunca tuvieron una oportunidad real.
El juez sostiene que la baja de la edad de punibilidad puede generar una sensación inmediata de respuesta, pero no construye futuro, no reduce la violencia ni repara a las víctimas. Por el contrario, advierte que solo amplía un sistema penal que ya demostró su ineficacia y que interviene cuando el daño ya está hecho.
Para Morabito, cuidar a niños, niñas y adolescentes no es una postura ingenua, sino una responsabilidad institucional y la única política de seguridad sostenible a largo plazo. Intervenir antes, acompañar antes y sostener antes —plantea— es la verdadera estrategia para una sociedad democrática.
La carta concluye con un llamado a la reflexión dirigido al Presidente, desde la experiencia concreta de quien ve las consecuencias todos los días. “Cada adolescente que llega a un tribunal es, antes que nada, una pregunta que el Estado no supo responder a tiempo”, resume el magistrado.