Charla informal entre Pullaro y Llaryora en Cosquín.
El Gobierno nacional se prepara para avanzar, sin matices ni concesiones reales, con la reforma laboral en el segundo período de sesiones extraordinarias del Congreso. La estrategia oficial es clara: aprobarla “a como dé lugar”, aun cuando el costo político sea profundizar el conflicto con los gobernadores y erosionar el ya frágil equilibrio federal.
La Casa Rosada intenta instalar la idea de una “modernización” necesaria, pero detrás del discurso técnico se esconde una ofensiva que combina ajuste, pérdida de derechos y presión directa sobre las provincias. El punto más sensible es la intención de modificar impuestos coparticipables para financiar una baja impositiva que favorece a las empresas, trasladando el impacto fiscal a las arcas provinciales. Los números que manejan los gobernadores son contundentes: una caída estimada de 3,1 billones de pesos en la masa coparticipable.
Ese escenario explica la creciente tensión con mandatarios que, lejos de alinearse automáticamente, comenzaron a marcar límites. Pullaro y Llaryora enviaron un mensaje inequívoco: pueden acompañar algunos aspectos, pero no están dispuestos a avalar un esquema que desfinancie a las provincias y recorte derechos laborales. No hubo foto, no hubo respaldo explícito, y sí una advertencia política que el Gobierno prefiere minimizar.
En paralelo, el oficialismo se aferra a un reducido núcleo de gobernadores aliados —entre ellos Leandro Zdero— que funcionan más como respaldo discursivo que como garantía real de votos. En Balcarce 50 admiten en privado que el escenario parlamentario es incierto, aunque públicamente simulan confianza. La gira de Diego Santilli por las provincias expone esa debilidad: más gestiones contrarreloj que consensos sólidos.
El malestar no se limita a los gobernadores. La CGT y sectores del peronismo ya articulan resistencia, mientras el Gobierno insiste en avanzar sin diálogo genuino, apostando al desgaste y a la presión política. La reforma laboral aparece así no como una política de desarrollo, sino como una imposición que prioriza el ajuste fiscal y el disciplinamiento político por sobre el federalismo y el empleo.
Con fechas ya marcadas para llevar los proyectos al recinto, el oficialismo acelera sin resolver el conflicto de fondo. La pregunta ya no es si la reforma es necesaria, sino quién paga el costo. Y, una vez más, todo indica que el ajuste baja por la misma pendiente: trabajadores y provincias.