Punitivismo como la única solución
El Gobierno nacional vuelve a desempolvar una receta tan conocida como ineficaz: bajar la edad de imputabilidad y presentar el encierro de niños y adolescentes como respuesta mágica a la inseguridad. En tándem, Martín Menem y Patricia Bullrich reinstalaron el debate con una lógica puramente punitivista, que reduce problemas sociales complejos a consignas de mano dura y titulares de impacto.
Mientras impulsa una reforma laboral que precariza el futuro de quienes logren acceder a un empleo, el oficialismo también avanza sobre los derechos de las juventudes desde el sistema penal. La baja de la edad de imputabilidad no es una novedad ni una solución: es un viejo caballito de batalla de los gobiernos de derecha que equipara a menores con adultos, ignora el régimen penal juvenil vigente y no aporta ninguna respuesta real a la violencia ni al delito.
Menem, presidente de la Cámara de Diputados, utilizó el caso del asesinato de Jeremías Monzón, un adolescente de 15 años de Santo Tomé, para justificar la urgencia de encerrar menores. Con oportunismo político y sin matices, habló de “mandato social” y prometió avanzar en 2026 con la reforma del Código Penal. Bullrich aportó la consigna de siempre: “el que las hace, las paga”, una frase que simplifica el debate y borra deliberadamente la condición de niñez y adolescencia.
La ministra también recurrió al mismo caso para montar una narrativa binaria y extorsiva: o se acompaña la baja de imputabilidad o se es “pro-delincuentes”. Una lógica peligrosa que clausura el debate democrático, estigmatiza a los sectores más vulnerables y desvía la atención de los indicadores sociales y económicos que incomodan al Gobierno.
No es la primera vez que el oficialismo intenta avanzar en este sentido. En mayo del año pasado logró un dictamen en Diputados para reformar el régimen penal juvenil y bajar la edad de imputabilidad a 14 años, equiparando en los hechos a un chico de 14 con uno de 17 o con un adulto. Organismos de derechos humanos como el CELS advirtieron entonces que la iniciativa viola la Constitución Nacional, la Convención sobre los Derechos del Niño y los estándares fijados por la Corte Interamericana de Derechos Humanos.
Las críticas no son ideológicas, son técnicas y están respaldadas por datos. El propio CELS señaló que se trata de una medida con más impacto mediático que efecto real, ya que los delitos graves cometidos por menores representan un porcentaje ínfimo del total. UNICEF fue aún más claro: no existe evidencia de que bajar la edad de imputabilidad mejore la seguridad.
Aun así, el Gobierno insiste. No para resolver el delito, sino para construir enemigos internos, disciplinar a los más jóvenes y reemplazar políticas de inclusión, educación y prevención por castigo y encierro. Una vez más, el camino elegido no es el de la solución, sino el del aplauso fácil y el retroceso en derechos.