La seguidilla de desplazamientos, renuncias y reacomodamientos internos que atraviesa el Gobierno nacional en lo que va de 2026 dejó de ser un hecho aislado para convertirse en un síntoma político. En menos de un mes, ya son ocho los funcionarios removidos de áreas sensibles como Transporte, la Unidad de Información Financiera (UIF), entes reguladores y empresas públicas. El proceso reavivó con fuerza las versiones de una inminente reconfiguración del Gabinete y puso en la mira al Ministerio de Justicia, aún encabezado por Mariano Cúneo Libarona, cuya continuidad aparece cada vez más condicionada.
Las salidas se explican oficialmente por “ineficiencias de gestión”, reordenamientos administrativos o motivos personales. Sin embargo, puertas adentro del oficialismo se admite que el trasfondo combina internas de poder, denuncias por manejos irregulares de fondos públicos y una creciente concentración de decisiones en un núcleo cada vez más reducido, con el asesor presidencial Santiago Caputo como figura central.
El último episodio se conoció mientras Javier Milei participaba del Foro de Davos. El Gobierno oficializó la salida de Carlos Casares como interventor del ENARGAS, en el marco de la fusión con el ENRE para crear el nuevo Ente Nacional Regulador del Gas y la Electricidad (ENRGE). Aunque la explicación formal fue administrativa, su desplazamiento también se vincula a su cercanía con el exsecretario de Energía Eduardo Chirillo, eyectado tras fuertes diferencias con el ministro de Economía, Luis “Toto” Caputo.
Poco después, Economía avanzó con una purga en el área de Transporte, luego de que se hicieran públicas denuncias de corrupción vinculadas al reparto de subsidios a empresas privadas. El funcionario desplazado fue además cuestionado por su inacción frente al deterioro operativo de Flybondi, que afectó a más de 25.000 pasajeros. En su lugar fue designado el arquitecto Fernando Herman. La salida arrastró también a los titulares de Trenes Argentinos, Gerardo Boschín y Leonardo Comperatore, quienes, aunque seguirían vinculados a la administración, quedaron fuera de puestos clave.
A ese cuadro se sumó la renuncia del jefe operativo de la Aduana de Ezeiza, Gustavo Mariezcurrena, quien duró apenas dos semanas en el cargo. Alegó razones de salud, pero su salida alimentó suspicacias, ya que tanto la Aduana —bajo la órbita de ARCA— como Trenes Argentinos forman parte de áreas de influencia directa del asesor presidencial.
El golpe más sensible llegó con la expulsión de Paul Starc de la conducción de la UIF, tras semanas de tensiones internas y reproches por haber demorado la reglamentación de la Ley de Inocencia Fiscal impulsada por Economía. Su reemplazante fue definido directamente por Caputo, consolidando un esquema en el que las áreas de control y fiscalización quedan cada vez más alineadas con el núcleo político del Presidente.
En ese contexto, comenzaron a circular con mayor fuerza las versiones sobre la salida de Mariano Cúneo Libarona del Ministerio de Justicia. El propio funcionario había anticipado en octubre pasado que dejaría el cargo tras las elecciones, aunque luego se desdijo públicamente. Desde entonces, su continuidad quedó atada a equilibrios internos entre Karina Milei y el asesor presidencial, en un ministerio que, en los hechos, es manejado desde las sombras por el secretario de Justicia, Sebastián Amerio.
Aunque en el Gobierno repiten que “se irá cuando lo decidamos”, la falta de resultados en áreas clave —como la implementación del sistema acusatorio, el desorden en el Registro Automotor y las tensiones generadas por su actividad profesional privada— debilitan su posición. A eso se suman ruidos políticos por reuniones polémicas y filtraciones de audios que incomodan al Ejecutivo.
Cúneo Libarona se encuentra actualmente de licencia en Alemania, lo que reactivó las versiones de una salida inminente. Sin embargo, en la Casa Rosada admiten que el problema no es sólo su eventual renuncia, sino la ausencia de un reemplazo que no profundice la interna entre Karina Milei y Caputo. Amerio, el candidato natural, descarta exponerse públicamente, al igual que otros nombres del círculo de extrema confianza del asesor.
El clima de recambios también alcanza al Ministerio de Seguridad y a la SIDE, donde se esperan movimientos acordados que responden más a estrategias electorales que a criterios de gestión. Designaciones cruzadas, proyecciones territoriales y disputas silenciosas completan un escenario en el que el Gobierno parece más ocupado en ordenar su interna que en ofrecer estabilidad institucional.
Lejos de transmitir fortaleza, la purga permanente exhibe un esquema de poder concentrado, frágil y atravesado por tensiones que el relato oficial intenta minimizar. La acumulación de salidas, licencias y desplazamientos en áreas estratégicas empieza a erosionar la idea de control y eficiencia que el Presidente busca proyectar, y deja al descubierto un Gobierno en permanente estado de ajuste… pero puertas adentro.