Un mapa interactivo elaborado por el Observatorio de Tierras (CONICET-UBA) puso en números y geografía algo que en Argentina suele discutirse a los gritos y sin coordenadas: más de 13 millones de hectáreas de tierras rurales están en manos extranjeras, cerca del 5% del territorio nacional.
Detrás del trabajo están Matías Oberlin (historiador) y Julieta Caggiano (socióloga), becarios del CONICET e integrantes del Programa de Investigaciones sobre Historia Agraria de la UBA. El objetivo fue simple y peligroso (para el relato fácil): mostrar dónde está concentrada la tenencia extranjera y dejar una herramienta para seguir cambios futuros.
Un mapa que cambia la discusión
El número nacional impresiona, pero el giro real aparece cuando se mira por dentro de las provincias. Aunque a nivel provincial no se superaría el límite general, el mapa muestra distritos con porcentajes muy altos (en algunos casos por encima del 50%), especialmente cerca de la Cordillera y zonas de frontera.
Además, los propios autores explican la tensión de fondo: decir “se cumple la ley” puede ser una verdad a medias si el promedio provincial no excede el tope, pero ciertos departamentos sí lo hacen. En otras palabras: el problema no siempre salta en el promedio, salta en el territorio.
El mapa también permite ver qué nacionalidades concentran más superficie: Estados Unidos encabeza con 2,7 millones de hectáreas; luego aparecen Italia y España. España, por ejemplo, concentra parte importante de sus hectáreas en provincias entre las que figura Corrientes, un dato nada menor para una región donde tierra, agua y logística van en el mismo paquete.
El límite legal y la pelea por flexibilizarlo
La Ley 26.737 (2011) fijó un límite del 15% para la titularidad o posesión de tierras rurales por parte de extranjeros, y el Estado publica datos de extranjerización por provincia y por departamento en el marco de esa norma.
El tema volvió al centro porque el Gobierno nacional intentó modificar la ley por decreto al inicio de la gestión, pero la Justicia frenó esa derogación. En paralelo, hacia fines de 2025 el Ejecutivo volvió a impulsar un paquete de reformas para 2026 que incluye cambios a la Ley de Tierras.
En el debate aparece siempre el mismo choque: para el Gobierno, las restricciones desalientan inversiones; para críticos y organizaciones, abrir sin resguardos puede acelerar la apropiación de recursos estratégicos. Y acá “recursos” no es poesía: la discusión incluye zonas con fuentes de agua y áreas sensibles de frontera, justamente dos de los puntos que la normativa buscó proteger.
Soberanía: la pregunta incómoda que no se puede esquivar
Este mapa no es un veredicto moral, es una herramienta. Pero su efecto político es inevitable: obliga a hablar de soberanía con datos, no con consignas.
Porque la pérdida de soberanía no siempre llega con una bandera extranjera clavada en el suelo. A veces llega como una cadena de escrituras, sociedades, compras fragmentadas y control de hecho sobre agua, pasos, fronteras y corredores productivos. Y cuando el control territorial se concentra en áreas estratégicas, el Estado queda negociando desde atrás en su propia casa.
Si la ley se mantiene, se modifica o se flexibiliza, el mínimo democrático debería ser el mismo: transparencia fina (por departamento, no solo por provincia), controles efectivos, y monitoreo público permanente. Lo contrario es el camino clásico argentino: enterarse tarde, discutir mal y terminar explicando por qué “nadie lo vio venir”, mientras alguien más decide sobre recursos que deberían estar bajo reglas claras del país.