La sede central del INSSSEP en Resistencia fue escenario el martes 13 de enero de 2026 de una movilización de afiliados, familias y organizaciones sociales que denuncian suspensión de tratamientos, derivaciones trabadas y deudas con prestadores. La consigna fue directa: “La salud no se negocia”.
Qué se reclamó en la movilización
La protesta se concentró desde las 9 en avenida 9 de Julio 347. El reclamo apunta a que la falta de pago a prestadores estaría impactando en la continuidad de controles, derivaciones y tratamientos, incluso en casos de alta complejidad. Entre los señalamientos aparece la situación con centros como el Hospital Italiano, mencionado como parte del conflicto por prestaciones y deudas.
En paralelo, el malestar se alimenta de decisiones recientes que sindicatos estatales vienen denunciando como un ajuste sobre la obra social: recortes, reordenamientos administrativos y traslado de costos hacia los afiliados.
El otro carril: la respuesta del INSSSEP
Tras la presión pública, el presidente del INSSSEP, Rafael Meneses, salió a marcar una línea: dijo que “bajo ningún punto de vista” puede haber personas sin atención y que se trabaja “caso por caso”. Sostuvo que se ofrecieron alternativas de alta complejidad (en Buenos Aires y otras provincias), que algunos procedimientos puntuales ya tendrían turnos y logística definida, y que en otros casos se trataría de controles reprogramables sin riesgo.
Meneses también afirmó que desde diciembre “hasta hoy” se destinaron más de 9.000 millones de pesos a tratamientos de alto costo, que los tratamientos oncológicos estarían “prácticamente normalizados” y que la provisión para diabetes buscaría estabilizarse en los próximos días.
El trasfondo: ajuste, prevención recortada y confianza rota
El conflicto no es solo una discusión técnica sobre derivaciones. La clave es política y de gestión: cuando una obra social provincial acumula deudas y además redefine coberturas, el resultado es previsible en cualquier lugar del planeta, incluido Chaco: la gente entra en pánico porque la salud real no espera comunicados.
Sindicatos como ATE y APTASCH vienen advirtiendo que decisiones del Directorio impactan en prestaciones esenciales y en el bolsillo de los trabajadores, con foco en cambios en programas preventivos y en el aumento de aportes al Fondo de Alta Complejidad, mientras crece la percepción de que los afiliados pagan más y reciben menos.
La responsabilidad final es del Gobierno provincial de Leandro Zdero: si el INSSSEP no paga, si reordena derivaciones sin un esquema claro y si cambia coberturas en un contexto de ingresos golpeados, el costo lo paga la gente en tiempo, salud y angustia. Para salir de este pantano, hace falta algo muy simple y verificable: publicar el estado real de la deuda con prestadores, un cronograma real de pagos y un protocolo transparente de derivaciones y continuidad de tratamientos. Sin eso, las promesas de “nadie quedará sin atención” suenan bien, pero no alcanzan.