La Cámara de Apelaciones Multifueros dejó sin efecto el amparo presentado por la Fundación Valdocco y confirmó la legalidad de las medidas adoptadas por el Ministerio de Educación del Chaco, luego del recurso impulsado por el Ejecutivo de la Provincia a través de la Fiscalía de Estado. La decisión revoca la sentencia del 22 de diciembre dictada por el Juzgado Civil y Comercial N.º 21 y rechaza la acción de amparo promovida por la fundación, en el marco del conflicto por la UEGP N.º 144 en General Vedia.
El fallo, conocido este lunes 5 de enero, implica que vuelven a quedar vigentes los actos administrativos con los que Educación había dispuesto la retención de fondos y la clausura de la institución.
Qué resolvió la Cámara y qué cambia desde hoy
El punto central es jurídico y práctico a la vez: el tribunal de alzada revocó el amparo que, en primera instancia, había ordenado al Gobierno restablecer financiamiento y garantizar el funcionamiento del establecimiento.
Con esa revocatoria, la Provincia deja de estar obligada, por esa vía rápida, a sostener los pagos y la continuidad institucional en los términos que había fijado el juez de primera instancia. En otras palabras: la Cámara le devuelve al Ejecutivo el margen de acción que Educación venía sosteniendo desde hace meses, cuando se inició el tironeo por el cierre y los fondos.
El trasfondo: derechos, comunidad wichí e irregularidades denunciadas
El caso tiene dos capas que chocan de frente:
- Por un lado, la discusión por el derecho a la educación y el impacto sobre una matrícula integrada por niñas, niños y adolescentes wichí, un punto que había sido central en la sentencia favorable a Valdocco en diciembre.
- Por el otro, la postura del Gobierno provincial, que justificó la clausura y la retención de aportes por presuntas irregularidades: docentes que no residirían en Chaco, costos mensuales elevados y denuncias en sede penal por presunta defraudación y situación administrativa del personal.
El conflicto, entonces, no es solo “una escuela sí o no”: es quién controla los fondos públicos, bajo qué condiciones se audita una entidad privada con aportes estatales y cómo se garantiza la continuidad educativa cuando el Estado decide cortar el flujo de dinero o clausurar una unidad de gestión privada.
Lo que falta aclarar: continuidad educativa y próximos pasos judiciales
La decisión de Cámara ordena el tablero judicial, pero no resuelve por sí sola lo más sensible: qué pasa con la comunidad educativa en el territorio.
Quedan preguntas concretas que deberían ser respondidas en los próximos días:
- Qué dispositivo de continuidad ofrecerá el Ministerio para estudiantes y familias afectadas, especialmente tratándose de población indígena y contexto rural.
- Qué definición habrá sobre la planta docente y la situación laboral que quedó bajo discusión
- Si la Fundación Valdocco intentará nuevas vías judiciales (apelaciones extraordinarias u otras acciones) y en qué plazos.
Lo incómodo es que en Chaco se vuelve a repetir un clásico: la pelea institucional se resuelve en tribunales, pero el costo real se mide en aulas, traslados, continuidad pedagógica y contención social. Y eso no se “revoca” con una firma.