El escándalo de la comida en la cárcel de Ezeiza: un negocio millonario y viandas en condiciones indignas
Familiares de personas privadas de la libertad y detenidos que recuperaron su libertad en las últimas semanas denunciaron graves irregularidades en la alimentación que se brinda en el penal federal de máxima seguridad de Ezeiza. La Justicia investiga un presunto entramado de connivencia interna en el servicio de provisión de viandas, un negocio que mueve cifras millonarias y que, según los testimonios y peritajes oficiales, ofrece comida en condiciones incompatibles con el consumo humano.
“Nos daban polenta con salsa blanca sin carne ni pollo, fideos con una salsa incomible, compotas de manzana podridas. Cuando había pollo o carne, no superaba los 60 gramos, a veces cogote o carcaza. La carne era grasa o cartílago”, relató Rubén C., quien estuvo detenido durante tres años en el módulo 5 del penal y recuperó la libertad el mes pasado. Durante su detención presentó más de diez hábeas corpus por la mala calidad de la comida que recibían cerca de 2.000 internos.
Según su testimonio, en reiteradas oportunidades las viandas llegaban en mal estado o contenían elementos extraños como clavos, cucarachas, mechones de pelo o restos de cintas utilizadas para atar verduras. Estas denuncias derivaron en una investigación judicial a cargo del juez federal de Lomas de Zamora, Federico Villena, que incluyó allanamientos en dependencias del Servicio Penitenciario Federal (SPF) y en empresas proveedoras del servicio.
La causa se reactivó recientemente tras una nueva ola de reclamos judiciales que advertían que la situación no había mejorado. En ese marco, el magistrado detectó indicios de que la empresa actualmente adjudicataria del servicio de viandas, Biolimp Soluciones de Calidad S.A., funcionaría como pantalla para la continuidad del mismo esquema de provisión cuestionado, con conocimiento de las autoridades del penal y del SPF.
Las cifras que rodean el servicio explican la magnitud del escándalo. Según consta en el expediente, cada vianda se factura en torno a los 17.000 pesos. Con tres comidas diarias por interno, el servicio alcanza aproximadamente los 102 millones de pesos por día, lo que representa más de 37.000 millones de pesos al año. Convertido a dólares, el negocio ronda los 25 millones anuales.
Pese a ese volumen económico —equivalente al costo de un menú ejecutivo en la Ciudad de Buenos Aires— los relatos de los detenidos describen un panorama opuesto al de una alimentación digna. A esto se suma el deterioro de las condiciones edilicias: en una de las unidades, la cocina estaría fuera de funcionamiento y la comida se elaboraría en el casino de suboficiales, un espacio que no cumpliría con normas básicas de higiene y bromatología.
La mala calidad de la comida obliga a muchos internos a recurrir a la cantina del penal, donde los precios resultan inaccesibles para la mayoría. Un kilo de cebolla cuesta 1.700 pesos, un maple de huevos 16.000, un morrón 4.100 y un kilo de arroz 3.000. Muchos de estos productos no pueden ingresar con las visitas, lo que encarece aún más la alimentación alternativa.
Los problemas se agravan en el caso de detenidos con patologías crónicas. Familiares denunciaron faltantes de medicamentos y la entrega de genéricos que no siempre resultan adecuados. “La alimentación y la medicación son claves para alguien con problemas cardiovasculares o diabetes. Acá fallan ambas cosas”, señaló un allegado a un interno con ese tipo de afecciones, quien además relató episodios de diarrea persistente y mala calidad del agua.
La investigación judicial incorporó informes de la ANMAT que resultaron contundentes. Los análisis realizados sobre viandas secuestradas concluyeron que no cumplen con el Código Alimentario Argentino y no son aptas para el consumo humano. Se detectó la presencia de bacterias como Escherichia coli, Listeria monocytogenes y Bacillus cereus, lo que evidencia graves fallas de higiene, manipulación y almacenamiento de los alimentos.
Los testimonios coinciden en que, cuando se anunciaban inspecciones o visitas de autoridades judiciales o de organismos de control, la comida mejoraba de manera evidente. “Repartían pollo entero o carne con ensalada. Al día siguiente volvía todo a ser igual”, relataron. También denunciaron represalias para quienes intentaban reclamar, como traslados a unidades alejadas de sus familias o la concesión de beneficios a cambio de silencio.
En el avance de la causa, el juez Villena ordenó allanamientos en las empresas proveedoras y en oficinas del SPF, incluida la de su director, Fernando Martínez. Durante el procedimiento, se intentó secuestrar su teléfono celular, pero el funcionario presentó un aparato antiguo y aseguró haber perdido el que utilizaba habitualmente. Pericias posteriores indicaron que la supuesta pérdida se produjo poco antes del operativo judicial, lo que incrementó las sospechas.
La Justicia también investiga posibles vínculos entre las empresas involucradas, la utilización compartida de vehículos, empleados y domicilios fiscales, y la existencia de una cartelización del servicio. Para los investigadores, el cuadro general revela un sistema cerrado, con escasos controles efectivos, que permitió sostener durante años un negocio millonario a costa de condiciones de vida degradantes para las personas detenidas.
La causa sigue en trámite y se esperan nuevas medidas en las próximas semanas. Mientras tanto, familiares, organismos de derechos humanos y defensores oficiales advierten que la situación en Ezeiza constituye una violación grave y sistemática de derechos básicos, y reclaman una intervención urgente que garantice una alimentación segura y digna en uno de los penales más importantes del país.