Trump volvió a su obsesión territorial y lo hizo con el tono imperial que lo caracteriza. Designó al gobernador ultraconservador de Luisiana, Jeff Landry, como “enviado especial” de Estados Unidos para Groenlandia, un cargo voluntario cuyo único sentido político parece ser el de revivir un viejo capricho geopolítico: apropiarse de un territorio que pertenece a Dinamarca y que jamás pidió tutela estadounidense.
Según Trump, Landry “promoverá con firmeza los intereses” de Washington para garantizar “la seguridad y supervivencia de nuestros aliados y del mundo”. En su lógica, cualquier obstáculo al avance de Estados Unidos se traduce automáticamente en una amenaza global. Groenlandia, con sus minerales, su ubicación estratégica y su potencial militar, es tratada como una pieza de ajedrez a la que basta con enviar un emisario para justificar injerencias.
No es la primera vez que Trump intenta convertir una aspiración colonial en política pública. Durante su transición presidencial, fantaseó con ejercer jurisdicción directa sobre la isla e incluso deslizó la posibilidad de usar fuerza militar para obtenerla, pese a que Dinamarca es un socio de la OTAN. Ni si quiera ocultó que lo mueve un botín económico: recursos naturales, rutas del Ártico y mayor presencia militar frente a Rusia y China. Ese discurso, que en cualquier otro país sería un escándalo diplomático, Trump lo presenta como defensa de la libertad.
El tema había perdido visibilidad, hasta que la diplomacia danesa convocó al embajador estadounidense luego de revelarse operaciones encubiertas vinculadas a aliados de Trump en Groenlandia. Copenhague habló directamente de injerencia inaceptable, pero la Casa Blanca se limitó a reforzar su retórica de derecho ilimitado sobre territorios ajenos.
El vicepresidente JD Vance viajó a una base militar en la isla y acusó a Dinamarca de falta de inversión, como si la soberanía se evaluara por gasto militar. La escena sirvió para lo que Trump buscaba: tensar la relación y fabricar el argumento de que Washington debe “intervenir” en la región.
Ni Dinamarca ni las autoridades groenlandesas mostraron jamás una mínima intención de negociar una venta del territorio. Aun así, Trump y su enviado continúan hablando de Groenlandia como si fuera un terreno disponible en un remate petrolero. Landry, agradecido por el nombramiento, escribió que es “un honor lograr que Groenlandia sea parte de Estados Unidos”. La frase condensa el espíritu de la iniciativa: apropiación, no diplomacia.
Europa respondió con cautela pública y fastidio silencioso. Los servicios de inteligencia daneses advirtieron este mes que Estados Unidos utiliza su poder económico para imponer su voluntad y amenazar incluso a sus aliados, y que la asertividad militar trumpista acelera la disputa global en el Ártico. El informe señala que el aumento del valor estratégico de la región está empujado por el conflicto entre Rusia y Occidente, pero que la presión directa de Washington actúa como combustible adicional.
La oposición no proviene solo de Dinamarca. Rusia y amplios sectores europeos rechazan cualquier intento estadounidense de modificar el estatus de la isla, porque interpretan, con razón, que fortalecer la presencia militar norteamericana alteraría aún más un equilibrio frágil.
Trump, mientras tanto, avanza convencido de que puede convertir su deseo en territorio. Como si la soberanía fuera una extensión natural del plan electoral republicano. Como si el Ártico fuera una propiedad privada pendiente de inscripción. Como si el mundo entero tuviera que alinearse con los impulsos de un presidente que confunde poder con derecho y política exterior con adquisición inmobiliaria.