El oficialismo obtuvo la media sanción del Presupuesto 2026, pero sin su pieza central: la eliminación del financiamiento universitario y de la emergencia en discapacidad. El capítulo 11 cayó por completo, con votos opositores y también de legisladores que tienen vínculos directos con esos sectores. Ese revés encendió el malestar en la Casa Rosada, que sostiene que, tal como salió de Diputados, el Presupuesto “será deficitario” y contraviene su bandera de equilibrio fiscal.
Con ese diagnóstico, el Gobierno prepara una ofensiva en el Senado: apunta a tratar la ley el 26 de diciembre, incorporar allí las derogaciones bloqueadas o algún mecanismo equivalente, y devolver el texto a Diputados el 29. La instrucción es priorizar esa pulseada y postergar la reforma laboral —que ya tiene dictamen en la Cámara Alta— para las extraordinarias de febrero. Esa decisión se tomó en la mesa política que Patricia Bullrich encabezó en Balcarce 50, junto a Caputo, Adorni, Santilli, Santiago Caputo e Ignacio Devitt.
La línea oficial pasó del amague de veto a un tono más pragmático. Por la mañana, desde la Rosada deslizaban que sin el recorte en discapacidad y universidades no convalidarían la norma. Por la tarde, relativizaron: destacaron que están “más cerca que nunca” de tener Presupuesto después de tres años, celebraron el impacto en los mercados y enmarcaron el traspié como corregible en el Senado. De hecho, presumieron como logro la media sanción de la llamada ley de Inocencia Fiscal, a la que describieron como su iniciativa “más importante”.
El Gobierno apuesta a los gobernadores. Valoran el acompañamiento de Osvaldo Jaldo y Raúl Jalil, que avalaron casi todo menos los puntos sensibles. Admiten que la resistencia en Diputados fue transversal: algunos legisladores son docentes universitarios y otros tienen familiares con discapacidad. Aspiran a retomar votos sin apelar a una cumbre general de mandatarios provinciales —el tiempo apremia— pero con gestión de Santilli y Adorni.
En paralelo, Bullrich defendió el texto cerrado de la reforma laboral pese a la marcha masiva de la CGT. En la Rosada aseguran que “no va a haber modificaciones”: sostienen que el diálogo con la central sindical se dio durante el Consejo de Mayo y que la etapa de cambios ya terminó.
El clima se tensó también con el PRO: la Cámara baja designó tres cargos para la Auditoría General sin incluir representantes del partido amarillo. Cristian Ritondo anunció que irá a la Justicia, pero en el Ejecutivo tratan de amortiguar el conflicto y recuerdan que es una cuestión del Congreso. Diego Santilli oficia de puente para evitar una ruptura mayor.
Entre amenazas, calibraciones y pases de factura, el mensaje que quieren sostener hacia afuera es que hay Presupuesto en marcha y que la prioridad —por sobre cualquier otra batalla— es blindar el ajuste estructural. El resto, aseguran, se negociará después.
Fuente: Página 12