El gobierno de Javier Milei apura en el Congreso una reforma laboral de alto impacto, discutida a espaldas de los trabajadores y con fuerte presión para que se apruebe antes de fin de año. El texto salido del Consejo de Mayo flexibiliza la contratación, habilita nuevos esquemas para abaratar despidos, amplía los servicios “esenciales” donde se restringe el derecho de huelga y vuelve más inestable la vida laboral de millones de personas. Sindicatos, especialistas y oposición advierten que, lejos de combatir la informalidad, el paquete puede disparar despidos y precarización.
Qué quiere cambiar el Gobierno
El proyecto llega al Congreso como parte del paquete de “reformas estructurales” que el Ejecutivo pretende sacar en las sesiones extraordinarias. El Gobierno lo presenta como una “modernización laboral” que, según sus voceros, apunta a bajar el costo de contratar, reducir juicios y fomentar el empleo formal. En los hechos, implica una reescritura profunda de la Ley de Contrato de Trabajo y del esquema de relaciones laborales vigente desde hace décadas.
Entre los ejes centrales aparece la flexibilización de las formas de contratación: se habilitan más modalidades de contratos a tiempo parcial y se amplía la libertad para pactar condiciones, incluso salarios en moneda extranjera o ligados a productividad. El régimen de vacaciones se vuelve más fragmentado y el proyecto elimina la conservación de la antigüedad ante un cambio de empleador, lo que golpea la estabilidad en sectores donde son frecuentes las transferencias de empresas.
Otro capítulo clave es el de las indemnizaciones por despido. El borrador permite reemplazar el sistema tradicional por fondos de cese o seguros sectoriales, alimentados por aportes mensuales del empleador. En algunos esquemas, el aporte propuesto es del 12 % del salario el primer año y del 8 % a partir del segundo, gestionado en un Fondo de Asistencia Laboral bajo tutela estatal. El argumento oficial es “dar previsibilidad” a las empresas y “evitar juicios millonarios”, pero los gremios y especialistas alertan que esto abarata el despido y rompe la lógica de protección frente a la rescisión arbitraria del contrato.
El proyecto también reorganiza la base de cálculo indemnizatorio, recortando qué conceptos salariales se computan y fijando una actualización atada al índice de precios más una tasa de interés pura, con prohibición de intereses sobre intereses. Para los abogados laboralistas críticos, esto reduce los montos en juego y acota la capacidad de los jueces de corregir abusos en los despidos.
Jornadas extendidas, “bancos de horas” y límites a la huelga
La reforma avanza sobre la jornada laboral y la organización del tiempo de trabajo. Los borradores conocidos incorporan la figura del “banco de horas”, que permite acumular horas extra para compensarlas más adelante con francos o jornadas reducidas en lugar de pagarlas, y habilitan esquemas más flexibles que, en la práctica, estiran la disponibilidad del trabajador para adaptarla a las necesidades de las empresas. Proyectos previos del mismo espacio ya hablaban de llevar el techo de jornada a 12 horas, con descansos mínimos entre turnos.
El texto también endurece las condiciones para protestar: amplía el catálogo de “servicios esenciales” y “actividades trascendentales” donde se exige garantizar entre el 50 % y el 75 % del funcionamiento normal durante medidas de fuerza. El listado incluye salud, energía, transporte, educación, telecomunicaciones, logística, bancos y comercio digital, entre otros. Para la CGT y juristas especializados, esto recorta de hecho el derecho de huelga y puede chocar con estándares constitucionales e internacionales.
En paralelo, el Gobierno impulsa la digitalización obligatoria de recibos de sueldo, certificados médicos y documentación laboral, y endurece el régimen de ausencias: se refuerzan controles médicos centralizados, se acortan plazos para considerar “abandono de trabajo” y se facilitan las sanciones y despidos ante inasistencias prolongadas. Las centrales sindicales leen este combo como un desequilibrio aún mayor de poder a favor del empleador en la vida cotidiana del trabajo.
Quién gana y quién pierde con la reforma
Detrás del lenguaje de “modernización” y “competitividad”, el proyecto reordena la cancha en favor de empresas y sectores financieros: abarata despidos, flexibiliza jornadas y reduce márgenes para la protesta organizada. El Gobierno sostiene que esto generará más empleo formal y atraerá inversiones, en un país donde la informalidad supera el 40 % y una parte creciente de los trabajadores cobra en condiciones precarias. Pero no hay garantías claras de que la rebaja de derechos se traduzca en mejores salarios o más estabilidad.
Del otro lado, sindicatos, movimientos sociales y parte de la oposición ya anunciaron movilizaciones y una batalla legislativa y judicial. La CGT se retiró del Consejo de Mayo al conocer el texto final y advierte que varios artículos podrían ser declarados inconstitucionales. Especialistas consultados por distintos medios señalan un riesgo concreto: que la combinación de despido más barato, jornadas estiradas y límites a la huelga termine empujando a la baja todo el estándar laboral argentino, consolidando una economía donde el trabajo es más fácil de reemplazar y más difícil de defender.
En las próximas semanas el Congreso tendrá que decidir si acompaña esta “modernización” exprés o si pone freno a una reforma que, bajo la promesa de crear empleo, puede terminar consagrando un mercado de trabajo más inseguro para la mayoría y más cómodo para quienes ya concentran el poder económico.