El Comité contra la Tortura de las Naciones Unidas difundió un informe devastador sobre la Argentina, en el que alerta por un deterioro acelerado de las garantías básicas bajo la administración de Javier Milei. El documento señala un cuadro grave: uso excesivo de la fuerza en marchas y protestas, abusos policiales crecientes, aumento de denuncias de torturas y malos tratos a personas detenidas, detenciones prolongadas en comisarías y un clima de impunidad que habilita la repetición de estos hechos.
El disparador fue la intervención del subsecretario de Derechos Humanos, Alberto Baños, en la sede de la ONU en Ginebra, donde negó el genocidio de la dictadura y justificó la represión estatal actual. Lejos de suavizar las críticas, aquel discurso terminó de confirmar lo que decenas de organizaciones ya venían denunciando: que el gobierno libertario desmanteló políticas esenciales de memoria, verdad y justicia, y avanzó hacia una lógica represiva con cobertura política explícita.
El Comité evaluó información aportada por más de veinte organismos de la sociedad civil, entre ellos organismos estatales especializados, sobre un incremento alarmante de la violencia institucional desde el inicio del actual gobierno. En oposición al negacionismo oficial, el informe expresa “consternación” por el desguace de programas encargados de preservar archivos y documentación de la dictadura, y exige que la Argentina retome la investigación de delitos de lesa humanidad, garantice recursos y asegure el acceso a archivos clave.
En materia de seguridad, el informe pone el foco en tres resoluciones recientes del Ministerio de Seguridad. La 125/2024 flexibiliza el uso de armas de fuego y relativiza la obligación de identificación de los agentes durante los operativos. La 704/2024 regula el uso de armas “menos letales” sin detallar en qué circunstancias pueden utilizarse. Y la 943/2023 —el llamado Protocolo Antipiquetes— amplía la discrecionalidad policial, presume flagrancia ante cualquier corte y permite restricciones severas al derecho a protestar. El Comité subraya que el gobierno no respondió sobre quién toma decisiones para activar este protocolo.
El organismo también remarcó la falta de investigaciones serias sobre el uso indiscriminado de balas de goma, gases lacrimógenos, hidrantes, agresiones contra periodistas y defensores de derechos humanos, especialmente en las manifestaciones de marzo de 2025. Asimismo, recordó que la represión contra comunidades indígenas en Jujuy en 2023 sigue prácticamente impune. En todos los casos pidió directrices claras basadas en necesidad, proporcionalidad y precaución; registro audiovisual obligatorio de operativos; y mecanismos de rendición de cuentas independientes.
Otra preocupación central son los operativos municipales y policiales en la provincia y la Ciudad de Buenos Aires, denunciados por abusos, violencia extrema, detenciones masivas sin supervisión judicial e intervención contra personas en situación de calle, incluso menores y personas con padecimientos mentales o consumos problemáticos. Uno de esos operativos terminó con el asesinato de Octavio Buccafusco en Vicente López.
El Comité alertó además sobre la detención prolongada en comisarías —personas retenidas seis meses o más en lugares no aptos para alojamiento—, describiendo condiciones que calificó de inhumanas: celdas sin ventilación ni luz natural, falta de agua potable, alimentación deficiente, ausencia de espacios al aire libre y demoras en la atención médica.
Dentro de las cárceles, el informe describe un cuadro igualmente alarmante: aumento de denuncias por torturas y malos tratos desde 2024; golpizas, amenazas, humillaciones, prácticas violentas de “bienvenida”, interrogatorios coercitivos, simulacros de ahogamiento, descargas eléctricas y abusos sexuales. El caso del penal de Piñero —donde se documentaron prácticas de tortura extrema— es citado como ejemplo de gravedad y de la falta de investigaciones efectivas. Se mencionan también contenciones mecánicas, medicalización forzada de mujeres y represalias contra quienes denuncian.
El Comité remarca que las investigaciones por torturas rara vez se inician de oficio, que suelen tipificarse delitos menores, que las autopsias y pericias son deficientes y que los procesos judiciales se dilatan, generando impunidad estructural. Exige una “declaración pública inequívoca” del Estado argentino repudiando la tortura y comprometiéndose a erradicarla, algo que hoy —según el organismo— no existe.
El deterioro de las condiciones de detención y la sobrepoblación carcelaria son otro eje de preocupación, así como la falta de atención adecuada para mujeres privadas de libertad, incluidas embarazadas, mujeres con hijos pequeños y víctimas de violencia obstétrica. También advierte sobre el elevado número de muertes bajo custodia, muchas de ellas evitables.
El informe objeta además el internamiento de niños, niñas y adolescentes en centros alejados de sus familias y las penas desproporcionadas que se les aplican. Enfatiza su rechazo al proyecto oficial para reducir la edad de responsabilidad penal de 16 a 14 años, calificándolo como regresivo y contrario a los estándares internacionales.
Finalmente, la ONU otorgó a la Argentina un plazo de un año para informar qué hizo el Estado con las recomendaciones prioritarias: fin de la detención prolongada en comisarías, fortalecimiento del Sistema Nacional de Prevención de la Tortura, corrección de los excesos en la represión de protestas y avance real en investigaciones por torturas y malos tratos.
Para el Comité, el país atraviesa un retroceso peligroso. Para el gobierno de Milei, todo es justificable en nombre del “orden”. Entre lo que exige el derecho internacional y lo que practica la administración libertaria, la distancia parece agrandarse día tras día.
Fuente: Página12