La foto actual de los salarios estatales en Chaco es clara: el gobierno reconoce que no tiene margen para aumentos, depende de Nación para pagar sueldos y avanza con más descuentos sobre los trabajadores. El dato que incomoda al oficialismo es que, hasta que asumió Leandro Zdero, la lógica era exactamente la contraria: el gobierno anterior defendía una política de aumentos periódicos, con cláusula gatillo y recomposiciones que se presentaban como “por encima de la inflación”. Ese contraste es lo que hoy alimenta las críticas y las dudas sobre la capacidad de gestión de la actual administración.
De los aumentos con cláusula gatillo al freno con Zdero
Durante las gestiones de Jorge Capitanich, la provincia hizo de la política salarial un emblema. En 2022, el propio Ejecutivo informó que el salario docente tuvo un incremento acumulado del 115 %, “más de 15 puntos por encima de la inflación”, gracias a aumentos escalonados y a la aplicación de la cláusula gatillo trimestral.
En 2023, el esquema se profundizó: se anunció para los estatales una recomposición superior al 80 % anual en cinco tramos, mientras que, para el sector docente, el gobierno se comprometió a que el salario termine al menos un 10 % por encima de la inflación, con un piso del 70 % de aumento garantizado más cláusula gatillo incorporada al Presupuesto.
Incluso parte del arco gremial docente recordó hace poco que entre 2021 y 2023 la política salarial cerró, según números oficiales, entre 14 y 20 puntos por encima de la inflación acumulada, y que su expectativa era que esa línea se sostuviera en el nuevo gobierno.
Con Zdero el guión cambia. La actual gestión arrancó 2024 manteniendo formalmente la cláusula gatillo y hablando de “priorizar salarios”, pero en 2025 el ministro de Hacienda, Alejandro Abraam, directamente admitió que no hay margen para nuevas recomposiciones y que la discusión ya no es cuánto se aumenta, sino cómo se llega a pagar todos los meses. A esto se suma que el Ejecutivo decidió recargar los descuentos sobre el Fondo de Alta Complejidad, aumentando el aporte obligatorio de los empleados públicos, lo que es leído por los gremios como un ajuste encubierto en un contexto de sueldos congelados.
Para la oposición, la comparación es inevitable: si en los años previos se podía aplicar cláusula gatillo y cerrar paritarias con aumentos que el propio Estado presentaba como “por encima de la inflación”, y hoy el discurso oficial es que “no hay plata” ni siquiera para sostener lo que se venía pagando, el problema ya no es solo la herencia, sino la forma en que se está gestionando la crisis.
Toda la coparticipación a sueldos… y no alcanza
En ese contexto, el ministro Abraam describió con crudeza la situación financiera: al pagar la cuarta cuota de una deuda en dólares cercana a los 40 millones, explicó que el pago se hizo con emisión de un título en pesos y reconoció que los recursos están al límite. “La cuestión salarial está asegurada, los recursos de coparticipación se destinan prácticamente en su totalidad al pago de los salarios. Lo que hoy está complicado es la posibilidad de otorgar aumentos”, señaló.
La Provincia tiene, además, un déficit previsional fuerte y deudas acumuladas que obligan a renegociar permanentemente. En paralelo, funcionarios del área económica admiten que más del 85 % de los recursos se va en sueldos del sector público, lo que deja un margen mínimo para obra pública, compras estratégicas y políticas sociales.
Para sostener ese esquema, la administración Zdero se apoya en adelantos de coparticipación y auxilios nacionales. Cada vez que llegan esos fondos extraordinarios se comunica que “se ordenan las cuentas” o que “se equilibran las finanzas”, pero en la práctica lo que se está haciendo es patear la deuda hacia adelante sin una recomposición real del salario.
Zdero admite la dependencia de Nación y crecen las dudas sobre su gestión
El propio gobernador terminó de blanquear el nivel de dependencia financiera. En declaraciones públicas, Zdero fue terminante:
“Si nosotros no tenemos la ayuda de Nación, en la provincia del Chaco no se pueden garantizar los sueldos”, sostuvo, explicando sus viajes periódicos a Buenos Aires para asegurar fondos.
Y agregó un dato que lo persigue en todas las discusiones salariales:
“Tenemos afectada toda la coparticipación y un poco más a sueldos. No hay ninguna provincia que tenga el 119 % de la coparticipación afectada a sueldo; tienen aproximadamente entre un 50 y un 60 % y con el resto pueden hacer obras o comprar medicamentos.”
La combinación es explosiva: un gobernador que admite que sin Nación no paga sueldos, un ministro de Hacienda que reconoce que no hay margen para aumentos porque casi todo se va en salarios.
Y una comparación inevitable con la gestión anterior, que, con todos sus límites, firmaba paritarias, aplicaba cláusula gatillo y se jactaba de que los salarios públicos le ganaban a la inflación.
Los gremios estatales ya hablan abiertamente de “ajuste antes de las fiestas” y recuerdan que, con una inflación acumulada superior al 30 % en el año, los trabajadores solo recibieron alrededor de un 6,4 % de aumento, mientras se les suben los descuentos y se les pide “comprensión” en nombre del orden fiscal.
En ese marco, las dudas que empiezan a crecer no son solo sobre la herencia recibida, sino sobre la capacidad de gestión del propio Zdero: si la provincia que hasta hace poco se mostraba como ejemplo de política salarial con aumentos sucesivos y cláusula gatillo hoy no puede sostener ni siquiera ese piso, el interrogante es si el problema es únicamente la crisis nacional o también un modo de administrar que pone el ajuste en el mismo lugar de siempre: el bolsillo de los trabajadores públicos, en una provincia que vive al borde de la cornisa y con salarios casi a punto de caer.