La publicación del último dato del EMAE encendió una polémica que terminó obligando al titular del Indec, Marco Lavagna, a dar explicaciones públicas. El organismo corrigió seis meses de la serie del estimador de actividad y, con esos retoques, logró que la economía evitara técnicamente la recesión. El cambio no pasó inadvertido: economistas, consultoras privadas y la oposición detectaron de inmediato que las cifras de julio y agosto habían sido recalculadas al alza, revirtiendo dos meses que antes mostraban contracción.
El reajuste fue más amplio de lo que el Indec admitió en un primer momento. Desde el bloque peronista mostraron que hubo correcciones también en junio, abril, febrero y enero. Todas, casualmente, con el mismo sentido: mejorar la foto general del nivel de actividad. Para la oposición, la maniobra recuerda a los ajustes discrecionales que históricamente generaron desconfianza sobre las estadísticas públicas, un paralelismo que aprovecharon incluso con cierta ironía, comparando los nuevos números con los fallos arbitrales discutidos de la AFA.
La controversia se potencia porque los datos difundidos por el Indec contrastan con los indicadores privados, que ya mostraban un deterioro en el consumo, la industria y los servicios. Ante la pérdida de credibilidad, algunos sectores del peronismo incluso anticiparon que avanzan en un índice alternativo de inflación y actividad, anticipando un escenario donde las cifras oficiales vuelvan a ser puestas bajo sospecha.
Frente al revuelo, Lavagna difundió un documento técnico donde argumenta que las correcciones responden al funcionamiento propio del método de desestacionalización: cada nuevo dato, sobre todo cuando completa un trimestre, obliga a recalibrar los meses previos. Según el Indec, la mejora repentina se explica por el desempeño de la intermediación financiera y por “efectos de composición” que empujaron el EMAE hacia arriba.
El problema es que la explicación técnica no despeja la percepción de manipulación. Las revisiones fueron todas favorables al Gobierno, no hubo ajustes a la baja y el cambio coincidió con un momento en el que el Ejecutivo necesita sostener un relato de recuperación económica. Con un Indec que ya venía acumulando dudas en sectores opositores y académicos, la decisión de corregir media docena de meses sin anticipación previa solo profundiza las sospechas.
Mientras el Gobierno intenta justificar la nueva tendencia positiva del EMAE, el trasfondo político es ineludible: el organismo estadístico vuelve a quedar en el centro de una discusión sobre su autonomía y transparencia. En un contexto económico frágil, los números oficiales pierden confianza justo cuando más necesarios son.