La confianza del consumidor volvió a mostrar una mejora en noviembre, pero lo hizo sobre una base aún frágil y sin el respaldo de medidas de gobierno que consoliden un horizonte económico más claro. Según el relevamiento del Centro de Investigación en Finanzas de la Universidad Torcuato Di Tella, el Índice de Confianza del Consumidor subió 8,79% en el mes y avanzó 2,3% en términos interanuales, llegando a 46,04 puntos.
Aunque el índice se acerca al pico del año registrado en enero, la trayectoria sigue marcada por fuertes oscilaciones y por la ausencia de un programa económico integral capaz de transformar esta recuperación en un proceso sostenido.
El repunte reciente debe leerse en perspectiva: tras la caída de 13,9% en agosto, la más profunda de toda la gestión Milei, los últimos dos meses apenas lograron recomponer parte del terreno perdido.
La mejora de noviembre es la más alta de su administración, pero continúa dependiendo de factores coyunturales, como la desaceleración inflacionaria y el relativo orden cambiario, ambos logrados en un contexto donde persisten indefiniciones clave sobre inversiones, empleo y reactivación productiva. El gobierno celebra la baja en la inflación, pero aún no presenta un plan integral que dé consistencia a la estabilización ni una hoja de ruta clara para impulsar el consumo y la actividad.
Las disparidades regionales también revelan que la recuperación no está apuntalada por políticas públicas homogéneas. CABA volvió a caer y se consolida como el distrito más pesimista, reflejo de un ajuste más fuerte en servicios y alquileres sin medidas compensatorias claras.
El GBA mostró un salto de 12,7%, impulsado más por expectativas que por mejoras estructurales en ingresos o empleo. En el Interior, los avances se vinculan más a factores sectoriales —particularmente una mejor campaña agrícola— que a decisiones del gobierno nacional. En todos los casos, la confianza parece responder más al humor social de corto plazo que a una arquitectura económica consistente.
La mayor suba se registró entre los hogares de menores ingresos, que aumentaron su nivel de confianza 12,4%, impulsados por cierta mejora en alimentos y algunos bonos de refuerzo. Pero incluso esta recuperación tiene un límite evidente: los ingresos reales no muestran una recomposición sostenida y el consumo continúa concentrado en bienes esenciales, con decisiones de compra importantes todavía en pausa. Sin políticas de ingresos firmes y una estrategia fiscal clara, lo que aparece como una mejora puede diluirse rápidamente ante cualquier sobresalto inflacionario.
Los subíndices también mejoraron, pero todos reflejan la misma lógica: el avance está sostenido por la expectativa de que el gobierno ordenará su política económica, no por acciones concretas ya implementadas. El mayor salto se dio en bienes durables e inmuebles, un indicador extremadamente sensible al clima económico y que puede retroceder con la misma velocidad si no se confirma un rumbo. La situación macroeconómica y la situación personal mejoraron, pero siguen lejos de niveles que indiquen confianza consolidada. Incluso las expectativas futuras continúan por debajo de las de hace un año, lo cual muestra que el optimismo reciente convive con dudas persistentes.
En este contexto, el comentario del analista político Carlos Fara, que adjudica la mejora al “efecto ganador” post electoral, ayuda a dimensionar el fenómeno: la confianza repunta más por una percepción política coyuntural que por resultados concretos de gestión. La actividad económica sigue debilitada, y la ausencia de un programa articulado —productivo, fiscal y social— limita el alcance del rebote actual. La suba de noviembre, más que una señal de fortaleza, expone la dependencia del gobierno respecto del humor social y la necesidad de definir medidas que transformen expectativas en realidad.
Fuente: Perfil