La Cámara Federal de Casación Penal resolvió que la causa conocida como la “mafia del desmonte” en Chaco continúe tramitando en el fuero federal, y dejó sin efecto las decisiones que habían intentado mandarla a la justicia ordinaria provincial. La medida, dictada ayer lunes 17 de noviembre por el juez Gustavo Hornos, refuerza la idea de que el impacto de los desmontes ilegales excede los límites del Chaco y afecta a toda la ecorregión chaqueña.
Una trama de permisos, recategorizaciones y bosques en retroceso
La causa se originó a partir de una denuncia de la Asociación Argentina de Abogados/as Ambientalistas (AAdeAA), que describió un entramado de funcionarios provinciales, exfuncionarios, legisladores y empresarios forestales acusado de facilitar durante más de una década el avance del desmonte ilegal del monte nativo chaqueño. El esquema habría operado mediante permisos irregulares, recategorizaciones prediales para habilitar lo que la Ley de Bosques prohíbe y el uso de “autorizaciones especiales” para blanquear madera proveniente de talas ilegales.
En paralelo, la Justicia Federal de Resistencia dictó en 2024 una cautelar que ordenó suspender todos los desmontes autorizados y frenar la emisión de nuevos permisos en toda la provincia, citando el riesgo de un “daño inminente e irreversible” sobre el ecosistema chaqueño. Desde entonces la medida fue prorrogada y se convirtió en un hito de la disputa entre el modelo extractivo y la protección de los bosques nativos.
A pesar de esa prohibición, organizaciones socioambientales denunciaron que la deforestación ilegal siguió avanzando. Greenpeace documentó que, desde que la justicia suspendió los desmontes en noviembre de 2020, en Chaco se deforestaron ilegalmente casi 170.000 hectáreas, muchas de ellas en zonas cercanas a áreas protegidas en el Impenetrable.
Qué decidió Casación
El fallo de Hornos revierte la decisión de la Cámara Federal de Resistencia y del Juzgado Federal N.º 1, que habían remitido la causa a la justicia chaqueña argumentando que no estaba probado un daño ambiental que trascendiera la provincia. Casación consideró que esa conclusión fue prematura, sin peritajes concluyentes y sin analizar en serio los informes científicos aportados por la querella y la fiscalía.
El juez destacó que todavía no se evaluó integralmente la magnitud del daño sobre el monte nativo ni su impacto sobre el ecosistema regional del Chaco, una ecorregión compartida por varias provincias. En ese contexto, aplicó el principio precautorio: mientras no haya estudios completos, no se puede descartar que el daño alcance recursos interjurisdiccionales, por lo que corresponde mantener la competencia federal.
Con esta decisión, Casación ordenó que el expediente vuelva al Juzgado Federal de Resistencia para continuar la investigación sobre el presunto entramado político-empresario detrás de la deforestación, que incluye la emisión masiva de permisos de cambio de uso de suelo, recategorizaciones de áreas protegidas y mecanismos para “regularizar” desmontes ya consumados. La causa vuelve así al centro del escenario judicial como una megainvestigación estructural sobre corrupción, bosques y modelo productivo en el norte del país.
Una pulseada abierta entre el modelo forestal y la Justicia ambiental
El fallo se inscribe en un contexto de fuerte tensión sobre la política forestal chaqueña. Organizaciones como FARN, Vida Silvestre y Aves Argentinas advirtieron este año que la provincia sigue operando con un Ordenamiento Territorial de Bosques Nativos regresivo, con zonas recategorizadas a la baja y vacíos de protección que facilitan el avance del agronegocio. También cuestionaron normas que permiten descuentos en multas y facilidades de pago para infractores, lo que, en la práctica, abarata el costo de desmontar ilegalmente.
Mientras el gobierno chaqueño sostiene que redujo los desmontes en 2025, los relevamientos satelitales y las denuncias judiciales muestran otra cara: desmontes que se mantienen pese a las cautelares, permisos especiales para mover madera y un uso flexible del ordenamiento territorial para habilitar nuevas áreas de avance sobre el monte. En ese escenario, la decisión de Casación de consolidar la competencia federal no es sólo una discusión de fueros: es un mensaje político sobre dónde debe investigarse una trama que, según las querellas, ya no se puede explicar como sumatoria de irregularidades aisladas, sino como un sistema.
Con el expediente otra vez en el juzgado federal, el próximo capítulo será ver si la Justicia avanza sobre responsabilidades concretas de funcionarios y empresarios, o si la “mafia del desmonte” sigue moviéndose más rápido que las causas que intentan frenarla.