La Justicia de Entre Ríos dictó una medida inédita en materia ambiental: prohibió las fumigaciones con drones en campos linderos a una vivienda de Aldea Salto, departamento Diamante, luego de la denuncia de un padre cuya hija de 12 años padece “daño genotóxico crónico” vinculado a la exposición a agroquímicos.
La resolución fue firmada por la jueza Adriana Acevedo, vocal de la Cámara en lo Contencioso Administrativo de Paraná, quien ordenó suspender el uso de vehículos aéreos no tripulados (VANT) para pulverizaciones en la zona hasta que se resuelva el fondo de la demanda.
Una niña, un diagnóstico y un reclamo
El caso fue impulsado por Gerardo Gareis, padre de la menor afectada, quien presentó una acción de amparo ambiental representado por los abogados Aldana Sasia y Lisandro Garabentos.
Los estudios genéticos confirmaron que la niña presenta daño genotóxico crónico, una alteración celular que puede derivar en enfermedades graves y que los peritajes vinculan con la exposición constante a agroquímicos.
En su pedido judicial, Gareis reclamó que se prohíban las aplicaciones dentro de un radio de 1.000 metros para fumigaciones terrestres y 3.000 metros para las aéreas o con drones.
Un fallo que cuestiona la ley vigente
La jueza Acevedo dio por acreditado el daño en la salud de la niña y subrayó que los requisitos legales para el uso de drones agrícolas —como inscripción, registro y habilitación— no están implementados en Entre Ríos, lo que convierte su utilización actual en ilegal.
La medida cautelar estará vigente hasta que se dicte una sentencia definitiva que determine las “zonas de resguardo conforme al estándar científico y constitucional”. Además, la magistrada analizará la posible inconstitucionalidad de los artículos 63° y 66° de la Ley de Agroquímicos N.º 11.178 y su Decreto Reglamentario N.º 1719/2025, por considerar que vulneran derechos fundamentales como la salud, el ambiente sano y la protección de niños y adolescentes.
Actualmente, la norma provincial establece distancias mínimas de apenas 10 metros para mochilas o drones, 100 metros para pulverizaciones terrestres y 200 metros para aéreas con avionetas. Según la evidencia científica, estas distancias resultan insuficientes para proteger la salud humana.
Tecnología sin control y vacío legal sobre las fumigaciones con drones
El caso expone un vacío regulatorio que preocupa. En Entre Ríos, como en otras provincias argentinas, los drones aplicadores de agroquímicos aún no cuentan con un marco técnico y legal claro:
- No existen registros específicos.
- No se han aprobado protocolos de habilitación.
- Las etiquetas de productos fitosanitarios no contemplan su uso con drones.
Mientras el agro incorpora nuevas tecnologías para aumentar la eficiencia, la legislación avanza más lento que la realidad productiva, dejando sin protección efectiva a las comunidades rurales.
Salud, ambiente y modelo productivo
La resolución judicial no solo protege a una familia, sino que también cuestiona el modelo agroindustrial basado en el uso intensivo de agroquímicos, que durante años se expandió sin evaluar sus impactos sobre la salud y el ambiente.
Organizaciones socioambientales y de derechos humanos celebraron el fallo como un precedente histórico, que reconoce el principio de precaución y la prioridad del derecho a un ambiente sano sobre la rentabilidad agrícola.
Para la jueza Acevedo, el Estado debe garantizar que los avances tecnológicos se acompañen de políticas públicas que resguarden la vida y la salud de la población, especialmente de los sectores más vulnerables como niños y niñas.
Un antes y un después en la regulación
Aunque la medida cautelar alcanza por ahora solo a los campos de Aldea Salto, su alcance simbólico y jurídico es mucho mayor. Abre la puerta para que otras comunidades reclamen zonas de exclusión más amplias y controles efectivos sobre las fumigaciones.
El fallo podría convertirse en jurisprudencia en futuras causas ambientales que cuestionen el uso de drones o la escasa regulación de los agroquímicos en distintas provincias.
Fuente: Noticias Ambientales.