El incendio en el parque industrial de Ezeiza reactivó sospechas dentro del Gobierno sobre el origen de la explosión y abrió una disputa silenciosa por las responsabilidades. Mientras la Casa Rosada espera que la Justicia determine el curso de la investigación, el Ejecutivo ya desplegó fuerzas federales en la zona y observa con particular atención el rol y el alcance operativo del depósito de Iron Mountain, una empresa que arrastra el antecedente de un incendio intencional en Barracas en 2014, según estableció la Justicia años después.
En el Gobierno admiten que aún carecen de elementos firmes y que antes de avanzar públicamente necesitan conocer el panorama técnico que surja de los peritajes. Desde el Ministerio de Seguridad, a cargo de Patricia Bullrich, se activó la intervención de la Agencia Federal de Emergencias y se coordinan tareas con la provincia de Buenos Aires. Gendarmería y Policía Federal ya custodian el perímetro mientras continúan los trabajos en el predio.
La cautela oficial no impide que, puertas adentro, varias áreas reconozcan que los primeros indicios apuntan a un depósito de agroquímicos como posible foco inicial. La frase que circula entre funcionarios es que no hay hipótesis descartada. La confirmación del intendente de Ezeiza, Gastón Granados, de que uno de los galpones afectados pertenece a Iron Mountain, sumó mayor presión al operativo y encendió alarmas políticas en los despachos nacionales.
El incendio se extendió sobre un terreno de grandes dimensiones: un predio cercano a los 700 por 800 metros, con una superficie afectada de casi la mitad y columnas de fuego que superaron los 20 metros de altura. Bomberos de la Policía Federal, dotaciones locales, brigadas de riesgos especiales y equipos de explosivos trabajaron de manera coordinada para evitar que las llamas alcanzaran otras fábricas, entre ellas una de galletitas situada en la misma manzana industrial. El equipo de Riesgo Químico evaluó la presencia de gases tóxicos mientras se montaba un dispositivo sanitario federal con ambulancias, emergentólogos y un helicóptero listo para evacuaciones de urgencia.
Superada la fase más crítica, parte del personal fue relevado aunque las fuerzas permanecen en alerta. Los hospitales de la región activaron protocolos de contingencia. Salud de la Nación confirmó 15 pacientes derivados a la Clínica de Monte Grande, tres al Hospital de Ezeiza y un esquema de derivaciones coordinadas para casos graves. El Hospital Bicentenario liberó nueve camas de terapia intensiva y puso en marcha procedimientos de descontaminación; el Cuenca Alta y el Posadas también reforzaron la atención.
Las autoridades recomiendan a los vecinos mantenerse en sus casas y reducir la exposición al humo, mientras el Gobierno aguarda las pericias judiciales que deberán aclarar si se trató de un accidente, una negligencia o un episodio provocado. Con Iron Mountain nuevamente en el centro de un siniestro mayor, la presión política promete crecer en los próximos días.