El juez Jorge Mladen Sinkovich, titular del Juzgado Civil y Comercial Nº 6 de Resistencia, presentó su renuncia en medio de una fuerte presión política y disciplinaria. Con esa decisión esquiva el jury de enjuiciamiento que ya estaba en marcha en el Consejo de la Magistratura del Chaco y conserva el derecho a jubilarse como magistrado.
“Literalmente, me limpiaron”
La renuncia se formalizó luego de que el Consejo de la Magistratura le corriera vista de la denuncia impulsada por diputados oficialistas, que lo acusaban de mal desempeño por una serie de fallos que incomodaron al gobierno provincial.
Consultado por medios especializados en temas judiciales, Sinkovich fue directo: dijo que lo “empujaron a renunciar”, que el Consejo dio curso a una denuncia que “no debería haber admitido” y sintetizó el resultado con una frase que lo dice todo: “Literalmente, me limpiaron”. Según su lectura, al darle trámite al pedido de jury lo “sentenciaron de antemano”.
El juez sostiene que los diputados que promovieron la acusación no estaban en condiciones legales de hacerlo y que el órgano de selección y remoción de magistrados debió rechazar el planteo “in límine” y devolverlo a los presentantes. En lugar de eso, se le corrió traslado de la acusación y quedó a un paso del proceso de enjuiciamiento. Frente a ese escenario, eligió anticiparse con la renuncia.
Fallos sobre pueblos originarios, contratados y médicos forenses
Sinkovich venía acumulando choques con el poder político por resoluciones dictadas en amparos sensibles, en particular aquellos que involucran a sectores vulnerables o cuestionan el manejo de recursos públicos.
Entre sus decisiones más discutidas figura el fallo que ordenó al gobierno provincial asistir con alimentos y agua potable a comunidades wichí de El Impenetrable, con una multa diaria millonaria para forzar el cumplimiento de la medida cautelar. Esa sentencia generó ruido dentro del Poder Judicial chaqueño y derivó en un revuelo nacional cuando se conoció el monto de las astreintes fijadas contra el Estado.
Otro frente de conflicto fue el amparo por la reincorporación de trabajadores contratados en la Administración Tributaria Provincial (ATP), donde también se reclamó el cumplimiento efectivo de fallos judiciales que obligaban al Estado a revertir cesantías.
Más recientemente, una Cámara confirmó una sentencia de su juzgado que reconoció la bonificación por insalubridad a médicos forenses del Poder Judicial, decisión que impacta sobre las finanzas del propio Superior Tribunal de Justicia, que actúa como patronal en esa causa.
Esos expedientes, sumados a otros amparos ambientales y medidas cautelares con fuertes multas contra el Estado, alimentaron el argumento oficialista de que el juez dictaba resoluciones “desestabilizadoras” y con “impacto fiscal grave”.
Persecución, respuesta política y un mensaje para la Justicia chaqueña
El enfrentamiento no empezó esta semana. A mediados de octubre, cuando ya se tramitaba el pedido de jury, Sinkovich habló públicamente de “persecución política” y apuntó directamente al gobernador Leandro Zdero, a la Fiscalía de Estado y a diputados del oficialismo. Aseguró que lo querían “limpiar” por sus fallos y remarcó que no estaba dispuesto a convertirse en “títere” del poder de turno.
En paralelo, la presidenta del Superior Tribunal de Justicia, Emilia Valle, salió a negar cualquier tipo de injerencia del Ejecutivo en las decisiones judiciales y defendió la independencia del Poder Judicial chaqueño. Remarcó que los magistrados dictan sus fallos “conforme a sus convicciones” y no bajo presiones.
Con la renuncia sobre la mesa, ahora será el STJ el que deba resolver si acepta la dimisión y desde cuándo deja de estar en funciones. Hasta entonces, el Juzgado Civil y Comercial Nº 6 seguirá a su cargo, pero la señal política ya está enviada: un juez que se animó a denunciar presiones por sus sentencias termina fuera del sistema sin pasar por un juicio público de responsabilidad.
Antes de dejar el cargo, Sinkovich advirtió que “no quieren jueces amparistas en la provincia del Chaco” y mencionó a otros magistrados que podrían enfrentar una situación similar si sus fallos chocan con los intereses del poder político.
La independencia judicial en la provincia vuelve a quedar en el centro del debate, pero esta vez con un dato crudo: un magistrado que denunció presiones no será juzgado en un jury abierto, sino que se va por la puerta de atrás, con renuncia aceptada o en trámite. El mensaje al resto de la familia judicial es bastante claro sin necesidad de demasiada interpretación.