Por primera vez pagarás más de luz que una pyme
La llamada “reforma eléctrica” del Gobierno, presentada como un paso hacia la eficiencia y la competencia, arrancó con un golpe directo al bolsillo de las familias. Desde noviembre, los hogares argentinos pagan más por la electricidad que las industrias y comercios, un cambio histórico que desnuda la verdadera orientación del modelo energético de Javier Milei: trasladar los costos a los usuarios residenciales y favorecer al gran consumo.
Según la resolución 434/2025 de la Secretaría de Energía, los precios mayoristas para los hogares subieron entre 3,4 % y 4,1 %, mientras que para las empresas el impacto es mínimo, e incluso en algunos casos hay rebajas de hasta 10 %. En el Área Metropolitana de Buenos Aires, una pyme o supermercado mediano pagará menos tarifa que una familia de clase media.
El Precio Estabilizado de la Energía (PEE) —el valor base de la electricidad que pagan las distribuidoras— se fijó entre $56.054 y $58.281 por MWh para los hogares, y entre $47.310 y $51.633 para los grandes usuarios industriales y comerciales. Es decir: las casas particulares están financiando, con su tarifa, la rebaja que disfrutan los sectores empresariales.
El Gobierno justifica la diferencia en los tipos de contratos y en el peso de la energía “spot” —comprada en tiempo real, más barata— que favorece a las industrias. Pero detrás del tecnicismo se esconde una decisión política: reducir el rol del Estado en la regulación del mercado, dejar que los privados definan los precios y recortar subsidios sin un esquema de contención social.
“Los hogares se abastecen de fuentes más estables y costosas, como nucleares o renovables, mientras que la industria accede a energía más barata por la vía spot”, explican desde el sector. En otras palabras, la electricidad más cara va al consumo domiciliario, aunque las familias aún reciban parte de los subsidios que el gobierno promete eliminar gradualmente.
Mientras tanto, los usuarios industriales se benefician con un modelo que prioriza la rentabilidad del mercado antes que el acceso equitativo a un servicio esencial. La “eficiencia” que pregona la Secretaría de Energía se traduce, en los hechos, en mayor desigualdad: hogares ajustados y empresas alivianadas.
El propio Juan Luchilo, cerebro de la reforma, defendió el nuevo esquema afirmando que busca “mayor previsibilidad y competencia”. Pero esa “previsibilidad” sólo alcanza a los grandes consumidores, mientras millones de familias deberán enfrentar facturas que seguirán subiendo hasta el invierno, cuando recién podría revertirse la tendencia.
En nombre del libre mercado, el Gobierno volvió a colocar a la ciudadanía en el último eslabón de la cadena energética. La promesa de eficiencia terminó siendo, otra vez, una transferencia silenciosa desde los hogares hacia los sectores concentrados.