El 3 de noviembre de 2025 se realizó la audiencia pública convocada por la Agencia Nacional de Puertos y Navegación (ANPYN) para tratar el “Informe de Gestión y Evaluación Ambiental” (IGEA) de la Vía Navegable Troncal del Paraná. Organizaciones ambientalistas y sectores sindicales y académicos cuestionaron el proceso y el contenido del informe, denunciando ausencia de evaluación integral y “búsqueda de legitimación” de obras de dragado y profundización. El gobierno defendió la instancia como parte de los requisitos legales del procedimiento.
Qué se discutió
La ANPYN llevó a audiencia el IGEA de la Vía Navegable Troncal, en modalidad virtual y con orden del día oficializado, en el marco de la Resolución 48/2025 y de la Ley General del Ambiente. La convocatoria fue publicada en el Boletín Oficial y forma parte del nuevo esquema institucional que centraliza puertos y vías navegables. El documento técnico base está disponible en sitio oficial.
El rechazo: argumentos y actores
La Asociación Argentina de Abogados/as Ambientalistas (AAdeAA) y otras organizaciones pidieron la impugnación del IGEA y rechazaron el dragado, profundización, ensanche y cambios de traza por considerar que no hay una evaluación ambiental estratégica que contemple cuencas, humedales y escenarios de sequías/inundaciones. También denunciaron déficits en acceso a información y participación, y que la audiencia “busca legitimar” un proceso licitatorio ya orientado. Hubo críticas similares desde gremios marítimos y espacios académicos.
Lo legal y el contexto político
Horas antes, la Justicia Contencioso Administrativa Federal rechazó una cautelar de ONG ambientalistas y habilitó la realización de la audiencia, que el Gobierno presenta como paso previo dentro del rediseño institucional y del derrotero licitatorio de la hidrovía. El proceso viene de meses de idas y vueltas: creación de la ANPYN a comienzos de 2025, licitación que fracasó por falta de competencia y revisión del pliego. En ese marco, el Ejecutivo insiste en cumplir etapas formales, mientras organizaciones cuestionan que no existe “licencia social” ni estudios integrales.