Esta semana, el caso de contaminación del Río Paraná por el vertido masivo de efluentes sufrió un giro clave en la Justicia.
Es que, el pasado jueves, la Cámara Federal de Casación Penal anuló el fallo que eximía de responsabilidad a cinco exdirectivos de Aguas Santafesinas y ordenó reabrir la investigación.
La decisión por el caso del vertido masivo de efluentes en el río marca un punto de inflexión en la protección penal del ambiente.
Contaminación del Río Paraná: más de 350 millones de litros diarios de efluentes al río
Entre 2018 y 2021, la planta de Emisario Sur habría volcado al Paraná más de 350 millones de litros diarios de efluentes con residuos cloacales e industriales sin tratamiento previo.
Las pericias de la Policía Federal Argentina confirmaron la presencia de coliformes fecales, Escherichia coli, plomo y níquel en el agua.
La contaminación se extendió a más de 350 metros del punto de descarga, según los análisis oficiales.
La empresa carecía de Certificado de Aptitud Ambiental vigente, violando la Ley 24.051 de Residuos Peligrosos, la Ley 27.279 y la normativa provincial 11.220 de Santa Fe.
Además, incumplía tratados internacionales como el Acuerdo de Escazú y los Objetivos de Desarrollo Sostenible de la ONU.
El fallo de Casación contra los responsables
La Sala IV de la Cámara Federal de Casación Penal revocó la resolución de la Cámara Federal de Rosario que había eximido a los exdirectivos de Aguas Santafesinas por la contaminación del Río Paraná por el vertido de efluentes.
Esta se encuentra integrada por los jueces Mariano Borinsky, Gustavo Hornos y Javier Carbajo.
Ahora, el tribunal restableció el procesamiento de los cinco exfuncionarios por presunta infracción al artículo 55 de la Ley 24.051.
Los jueces reprocharon a la Cámara de Rosario haber adoptado una interpretación restrictiva del concepto de residuo peligroso, excluyendo los efluentes cloacales.
Los magistrados sostuvieron que «el carácter estatal o de servicio público de la empresa no la exime de responsabilidad penal«.
Además, subrayaron que el ambiente y la salud son bienes jurídicos colectivos, según expresaron los abogados de la causa, Gimena Viviani y Fabián Maggi.
Casación recordó que los delitos ambientales previstos en la Ley 24.051 son de peligro abstracto.
Esto significa que basta con acreditar la creación de un riesgo cierto de contaminación sin necesidad de que el daño se haya consumado.
Para el tribunal, los desechos líquidos con alta carga bacteriológica y componentes industriales encuadran claramente en las categorías del Anexo II de la Ley 24.051 de Residuos Peligrosos.
Contaminación del Río Paraná: el proceso judicial
En septiembre de 2022, la jueza federal Silvia Aramberry hizo lugar parcialmente a una medida cautelar presentada por la Asociación Civil Cuenca Río Paraná contra Assa, el Ente Regulador de Servicios Sanitarios (Enress) y los ministerios provinciales y nacionales.
La magistrada ordenó a la empresa ajustar su accionar en 15 días respecto al servicio de recepción y tratamiento de líquidos de origen sanitario.
Sin embargo, no hizo lugar entonces al proyecto de infraestructura para construir una planta de tratamiento.
En diciembre de 2022, el fiscal federal Claudio Kishimoto solicitó el llamado a indagatoria de los cinco directivos.
En mayo de 2024, el juez Carlos Vera Barros procesó a los directivos y ordenó el embargo de bienes al acreditarse el vertido sistemático.
Finalmente, en diciembre de 2024, la jueza Aramberry ordenó a Assa la construcción de una planta de tratamiento de efluentes contaminantes, dando lugar al pedido de los abogados Viviani y Maggi.
Ahora, los representantes de la Asociación Civil Cuenca Río Paraná celebraron la decisión de la Justicia.
La entidad destacó la restitución de «la vigencia del derecho penal ambiental y terminar con la impunidad institucional en materia ecológica«.
«Más allá de los nombres, el mensaje es claro: la tutela del ambiente es una responsabilidad indelegable y el Paraná sigue siendo un testigo vivo de esa deuda», enfatizaron Viviani y Maggi.
Fuentes judiciales destacaron que la resolución podría sentar un precedente para otros casos de contaminación en ríos argentinos.
La Cámara ordenó continuar con la investigación penal y remarcó que la protección del ambiente no reconoce excepciones ni prerrogativas funcionales.
Fuente: Noticias Ambientales.