El Gobierno nacional ya tiene listo un nuevo golpe al bolsillo, aunque decidió postergarlo hasta después de las elecciones. Bajo el eufemismo de “transformación del mercado eléctrico argentino”, el plan oficial apunta a dolarizar los pagos a las generadoras, lo que inevitablemente trasladará los aumentos a comercios, pymes, clubes, cooperativas y usuarios industriales, mientras promete una ilusoria “estabilidad” para los hogares residenciales.
En los hechos, el cambio convierte la energía en un bien atado al dólar y, por lo tanto, a cada devaluación o salto cambiario.
La reforma divide el sistema en dos segmentos. Por un lado, el mercado “estacionalizado”, donde quedarán los usuarios residenciales y no residenciales, que seguirán comprando la energía a través de Cammesa, con tarifas reguladas por el Estado. Por otro, el “desestacionalizado”, reservado para los grandes usuarios —empresas con alta demanda— que podrán contratar directamente con las generadoras en dólares, sin mediación estatal.
El corazón del esquema es la dolarización de la generación eléctrica, que deja atrás el sistema de precios a costo medio y adopta un modelo en el que toda la energía se paga al valor de la central más cara. Si una termoeléctrica a gasoil es la que completa la oferta, ese será el precio que todos paguen, aunque haya otras mucho más baratas.
En una reciente exposición ante la Comisión de Presupuesto, Daniel González, coordinador del área de Energía, reconoció que el nuevo régimen implicará subas de hasta el 35% para grandes usuarios, con un promedio anual del 15%, bajo la lógica de la “recomposición de balances”.
Según un informe interno de la Secretaría de Energía, firmado por el director nacional del Mercado Mayorista, Marcelo Positino, el salto de ingresos para el sistema alcanzará 785 millones de dólares anuales. El propio documento admite que la “estabilidad” del segmento residencial se logrará a costa de una mayor volatilidad y exposición cambiaria de los sectores productivos.
“La supuesta protección a los hogares es un mito. Cada devaluación se convertirá en un nuevo tarifazo”, advirtió a LPO un exfuncionario del área energética.
Las cifras confirman el deterioro acumulado: entre diciembre de 2023 y octubre de 2025, las facturas promedio de gas natural subieron 799% para los hogares y 992% para pymes y comercios, mientras la electricidad aumentó 524% y 570%, respectivamente. En el mismo período, 2 millones de hogares perdieron el subsidio eléctrico y 705 mil el del gas.
El descalce entre contratos dolarizados y una economía real pesificada genera un círculo vicioso insostenible: el Estado acumula deuda con las generadoras y el Tesoro no puede cubrirla sin emitir o endeudarse.
Los analistas advierten que este esquema puede derivar en una nueva ola de litigios internacionales si el Gobierno congela tarifas o limita pagos en dólares. “Estamos frente a un déjà vu del 2001”, alertan, recordando los juicios ante el CIADI tras la pesificación de aquella crisis.
El resultado final de esta “transformación” energética será un sistema más frágil, más caro y más dependiente del dólar, en un país que ya sufre la volatilidad cambiaria como enfermedad crónica.
Fuente: LPO