La Cámara de Apelaciones del Trabajo ordenó restablecer la cláusula gatillo docente y le dio al Ejecutivo 60 días para aplicar los aumentos correspondientes, pero lejos de acatar el fallo, el propio gobernador —que en campaña había prometido defender el salario de los maestros— insiste en negarse a pagar lo que él mismo reclamaba cuando era opositor.
El fallo, identificado como Sentencia Nº 112, fue dictado por los jueces Silvia Cristina Suárez y Sebastián Andrés Cóceres. Ordena al Ministerio de Educación y al Poder Ejecutivo actualizar el Valor Índice Uno, base del cálculo de haberes, conforme al Índice de Precios al Consumidor (IPC). Establece además dos tramos de incremento: uno por el trimestre abril-junio de 2025 y otro por el período julio-septiembre. En ambos casos, el Estado provincial dispone de 60 días desde la notificación para efectivizar el pago.
“La suspensión intempestiva del mecanismo de ajuste, sin acto administrativo motivado ni intervención de la Comisión de Política Salarial, constituye un acto de arbitrariedad de reproche constitucional”, afirmó la jueza Suárez. El tribunal recordó que desde 2019 el Estado chaqueño aplicaba sin interrupciones los ajustes trimestrales por inflación, lo que refuerza el carácter arbitrario de la decisión del actual gobierno de interrumpirlos.
Paradójicamente, uno de los spots más difundidos de Zdero durante la campaña electoral mostraba su indignación por la pérdida del poder adquisitivo docente y acusaba al gobierno anterior de “dar la espalda a los maestros”. Prometía, con tono enfático, que bajo su gestión los docentes serían “respetados y reconocidos”. Hoy, menos de un año después, el mismo Zdero desconoce los compromisos asumidos y desobedece una orden judicial que lo obliga a cumplir con la cláusula gatillo.
La Fiscalía de Estado, alineada con la estrategia del Ejecutivo, argumentó que no existe obligación legal de mantener el mecanismo y que restablecerlo sería una “intromisión legislativa” con impacto presupuestario. La Cámara desestimó esas excusas con dureza: “Resulta insostenible alegar que el Decreto 575/25 fue un acto voluntario y discrecional. La Administración no puede excusarse en la falta de presupuesto o en su déficit para incumplir compromisos asumidos en la negociación colectiva”.
El fallo también rechazó la impugnación contra Federación SITECH, confirmando su personería gremial vigente hasta julio de 2026. Además, acotó el alcance de la resolución a los dos trimestres omitidos de 2025, considerando “razonable y prudente” no extender sus efectos a períodos futuros.
Más allá de los tecnicismos, el fallo desnuda una gestión que prometió diálogo, respeto y soluciones, pero que terminó siendo aún más dura y cerrada que las anteriores. Zdero criticaba la falta de sensibilidad de quienes lo precedieron; hoy, su gobierno se ubica en el extremo opuesto de sus palabras, ignorando los reclamos docentes, desoyendo a la Justicia y profundizando el conflicto educativo.
Las costas del proceso fueron impuestas a la Provincia y se fijaron los honorarios del abogado del gremio, Carlos Felipe Schwartz, en 644.000 pesos. Un costo menor comparado con el daño político que deja al descubierto la doble vara del gobernador que prometió defender a los docentes y hoy los castiga.