El Juzgado Federal N°2 de Catamarca ordenó a la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS) restituir en un plazo de 24 horas todas las pensiones no contributivas por invalidez que habían sido suspendidas, y abonar los haberes retenidos en todo el país. Además, prohibió la continuidad de las auditorías y nuevas suspensiones hasta que exista una sentencia definitiva.
La resolución, de alcance nacional, reconoce el carácter colectivo del reclamo y advierte que la medida del Gobierno afectó de manera uniforme a miles de beneficiarios. Por esa razón, el fallo dispone la restitución inmediata de las pensiones sin necesidad de que los damnificados realicen presentaciones individuales.
El tribunal también designó como representantes del colectivo actor a la Asociación de Personas y Familiares de Discapacitados Motores (A.P.Y.Fa.Di.M.) y a la Asociación Azul, destacando su trayectoria en la defensa de los derechos de las personas con discapacidad. Entre los impulsores de la acción figuran además la ACIJ, el CELS y personas afectadas, con el patrocinio de la Clínica Jurídica en Discapacidad y Derechos Humanos de la Universidad Nacional de La Plata.
Según la sentencia, estas organizaciones fueron habilitadas para garantizar “la apropiada y responsable defensa de los derechos e intereses en juego”, a la luz de la posible expansión de la cosa juzgada colectiva.
El fallo se conoce en medio de la crisis abierta en la ANDIS, por la cual el Congreso citó a la titular del organismo, Karina Milei, y al funcionario Javier Lugones a una sesión especial convocada para el 15 de octubre. En paralelo, la Justicia ordenó nuevos allanamientos en la causa que investiga presuntas irregularidades y pedidos de coimas vinculados al programa de pensiones.
Con esta decisión, el tribunal catamarqueño impone al Gobierno una medida de cumplimiento inmediato que busca restituir ingresos esenciales para miles de personas en situación de vulnerabilidad.