El costo del papel: el Gobierno insiste con reimprimir boletas por su candidato caído mientras faltan fondos para hospitales y universidades
L a novela judicial en torno a las boletas bonaerenses de La Libertad Avanza volvió a sumar un capítulo insólito. La Cámara Nacional Electoral (CNE) decidió este sábado devolver a la Junta Electoral Nacional del distrito Buenos Aires la apelación presentada por el oficialismo, que reclama reimprimir más de 14 millones de boletas únicas tras la caída del candidato José Luis Espert, imputado por lavado de dinero.
El motivo fue un error procesal: la Junta no había dado traslado del recurso a las demás fuerzas políticas, un paso obligatorio para garantizar el principio de bilateralidad. La decisión deja en suspenso la definición final, pero mantiene abierta una posibilidad que podría costarle al Estado más de 12.100 millones de pesos.
La cifra, advertida por la propia Junta Electoral, equivale al presupuesto de varios hospitales o a la totalidad de los fondos que las universidades nacionales reclaman desde hace meses. Mientras el Gobierno insiste en que “hay que garantizar la expresión genuina de la voluntad popular”, el contraste con los recortes en educación y salud vuelve a exponer la prioridad política de la administración libertaria: pagar los errores propios con dinero público.
La CNE, presidida por Daniel Bejas, advirtió en su resolución que el proceso “constituye una cuestión de orden público” y que debe cumplirse con las etapas previas antes de resolver el fondo del planteo. De ese modo, la Junta —integrada por el juez Alejo Ramos Padilla, el camarista Jorge Di Lorenzo y la ministra Hilda Kogan— deberá ahora notificar a los apoderados de los 15 partidos que comparten la boleta bonaerense, tras lo cual el fiscal Ramiro González podrá dictaminar y recién entonces volverá el expediente a la Cámara.
El pedido de reimpresión fue presentado por los apoderados de LLA, Alejandro Carranzio, Juan Osana y Luciano Gómez Alvariño, quienes aseguran que el proceso “es técnica y presupuestariamente viable”, siempre que haya una decisión judicial urgente. El argumento oficialista choca con la advertencia de la Junta, que calificó la solicitud como “jurídicamente improcedente” y alertó que implicaría “un riesgo institucional”, además de un gasto no previsto en el presupuesto.
El trasfondo político del caso es evidente. La renuncia de José Luis Espert, forzada tras su imputación por recibir dinero del empresario narco Fred Machado, desató una crisis interna en La Libertad Avanza y obligó a la Justicia a redefinir la boleta. El fallo de la Cámara habilitó que Diego Santilli —un dirigente del PRO aliado al oficialismo— encabece finalmente la lista bonaerense, en un intento por contener el daño electoral.
Pero el costo de esa maniobra podría ser monumental. Más de 12 mil millones de pesos se destinarían a reimprimir material electoral que ya estaba distribuido, en plena crisis presupuestaria. El contraste indigna: mientras el Ejecutivo alega que no hay recursos suficientes para sostener el funcionamiento del Hospital Garrahan, garantizar becas y comedores comunitarios, la misma administración busca fondos para cubrir los efectos de un escándalo político que estalló dentro de su propio espacio.
En los tribunales, el expediente seguirá detenido unos días más. En la calle, la pregunta se multiplica: ¿quién pagará la factura del papel, cuando lo que falta es insumo en los hospitales y presupuesto en las aulas?