El Gobierno reinstauró un cepo cambiario a través de la Comunicación “A” 8336 del Banco Central, que desde este lunes restringe fuertemente la operatoria en el mercado financiero. La norma impone que quienes accedan al dólar oficial deberán esperar 90 días antes de volver a operar en dólar MEP o Contado con Liquidación (CCL), y lo mismo en sentido inverso.
La medida, presentada como un freno al “rulo” cambiario, en realidad refuerza la dependencia de los ciudadanos hacia un sistema cada vez más cerrado. El ahorrista que compra dólar ahorro hoy queda atado a no poder utilizar instrumentos financieros formales hasta fines de diciembre, en un contexto de alta volatilidad.
La restricción, además, llega con efectos inmediatos: tras el anuncio, el CCL saltó $92 y el MEP $86, ampliando la brecha con el oficial a casi el 8 %. Se trata de un encarecimiento que afecta de manera directa a quienes buscan resguardar sus ingresos frente a la inflación y la pérdida de poder adquisitivo.
Si bien la normativa no alcanza al dólar blue, su cotización podría escalar ante el desplazamiento de la demanda hacia ese circuito paralelo. La paradoja es evidente: una medida que supuestamente busca ordenar el mercado formal termina incentivando la informalidad y dejando más expuesto al pequeño ahorrista.
Especialistas advierten que el mecanismo de “doble bloqueo” no solo reduce la liquidez y dificulta el arbitraje natural entre cotizaciones, sino que también puede generar movimientos bruscos en momentos de mayor presión estacional. En otras palabras, lejos de estabilizar, el cepo puede derivar en más volatilidad, menos previsibilidad y mayor vulnerabilidad para quienes dependen de un ingreso en pesos que cada día vale menos.
Mientras tanto, el Gobierno insiste en sostener este tipo de parches que solo posponen los problemas de fondo y empujan a los ciudadanos hacia una economía cada vez más frágil y desprotegida.
Fuente: Ambito