El Gobierno eliminó la Ley de Góndolas, la Ley de Abastecimiento y Precios Justos
El Gobierno nacional oficializó la derogación de 71 normas que regulaban distintos aspectos del comercio y la industria, a través de la Resolución 357/2025 publicada en el Boletín Oficial. Entre ellas, quedaron sin efecto la Ley de Góndolas, la Ley de Abastecimiento y el programa Precios Justos, pilares que en los últimos años habían funcionado —con limitaciones y críticas— como herramientas de defensa del consumidor.
La decisión, defendida por el vocero presidencial Manuel Adorni como una “desregulación necesaria”, abre un escenario en el que los grandes actores del mercado recuperan libertad absoluta para fijar precios, concentrar góndolas y establecer condiciones de venta, mientras que los consumidores quedan sin respaldo normativo para equilibrar esa relación desigual.
¿Qué cambia en la práctica?
La Ley de Góndolas buscaba garantizar que productos de diferentes marcas y empresas tuvieran presencia en los supermercados, evitando la concentración de grandes cadenas y protegiendo la diversidad de oferta. Su derogación allana el terreno para que las multinacionales y grandes fabricantes acaparen espacios, relegando a pymes y cooperativas, y limitando la capacidad de elección de los compradores.
La Ley de Abastecimiento habilitaba al Estado a intervenir en casos de desabastecimiento o abusos en la formación de precios. Con su eliminación, el Gobierno se desliga de cualquier obligación de regular ante prácticas monopólicas o subas desmedidas, dejando a la sociedad librada al poder de negociación de corporaciones.
El programa Precios Justos, con todos sus problemas de control y efectividad, cumplía al menos un rol de referencia frente a la inflación. Al desaparecer, desaparece también esa señal que permitía a muchas familias acceder a bienes básicos a precios más estables.
Un retroceso en derechos
Lejos de ser simples “trabas burocráticas”, como argumenta el oficialismo, estas herramientas eran regulaciones diseñadas para defender a consumidores frente a un mercado históricamente concentrado y con fuerte capacidad de presión. Su derogación no genera más libertad ciudadana, sino mayor vulnerabilidad para millones de personas que dependen de reglas claras para acceder a bienes esenciales sin abusos.
En nombre de la “desburocratización”, el Gobierno decidió priorizar los intereses empresariales por encima de la protección social. El resultado será visible en las góndolas: menos opciones, precios más altos y ciudadanos cada vez más indefensos frente a un mercado sin controles.
Fuente: Perfil