En una jugada a contrarreloj, el Gobierno anunció este jueves la eliminación total de las retenciones a los granos hasta el 31 de octubre, con el objetivo de acelerar el ingreso de divisas del campo al Banco Central y frenar la escalada cambiaria en plena previa electoral.
La medida fue comunicada por el vocero presidencial, Manuel Adorni, a través de la red X, donde aseguró que “la vieja política busca generar incertidumbre para boicotear el programa de gobierno” y que, para neutralizar ese escenario, se tomó la decisión de avanzar con retenciones cero.
El oficialismo busca reforzar las reservas internacionales, que vienen cayendo tras ventas millonarias para sostener el dólar oficial dentro de la banda cambiaria. El Banco Central ya sacrificó casi 2.000 millones de dólares en lo que va de septiembre y la presión sobre el tipo de cambio amenaza con desbordar.
La reacción del sector agroexportador fue cautelosa pero favorable. Gustavo Idígoras, presidente de CIARA-CEC, celebró la medida aunque advirtió que “falta conocer los detalles de su instrumentación y la velocidad con que se hará operativa”. Según cálculos de la Bolsa de Comercio de Rosario, entre septiembre y diciembre el agro podría liquidar unos 9.949 millones de dólares, aunque esa cifra sería inferior a la del mismo período del año pasado.
El impacto económico, sin embargo, despierta dudas. Hasta el anuncio, las retenciones representaban entre un 2 y un 4% de la recaudación tributaria nacional. Con su eliminación, el Estado resignará ingresos fiscales en un contexto de déficit elevado y con compromisos de deuda crecientes. En paralelo, los productores ahora tienen incentivos a vender más rápido, pero también a especular con la posibilidad de una futura prórroga del beneficio, lo que podría desacomodar aún más el mercado cambiario.
El decreto establece que los exportadores deberán liquidar al menos el 90% de las divisas dentro de los tres días hábiles posteriores a la Declaración Jurada de Ventas al Exterior (DJVE). Si no lo hacen, perderán el beneficio y volverán a tributar con la alícuota previa: 26% para la soja, 9,5% para maíz y trigo, y 5,5% para girasol, entre otros cultivos.
Para la gente de a pie, el riesgo es doble: por un lado, la pérdida de recursos fiscales puede traducirse en mayores recortes de gasto social y servicios públicos. Por otro, si la medida no logra contener la volatilidad, el salto del dólar terminará filtrándose a los precios, retroalimentando la inflación que ya castiga a los salarios.
El Gobierno apuesta a que el campo actúe como salvavidas en el corto plazo. Pero en la economía real, la incertidumbre persiste: si las liquidaciones no alcanzan para sostener al peso hasta las elecciones, la tentación de una devaluación brusca seguirá latente.