El caso que rodea al pastor evangélico Jorge Ledesma y su monumental templo Portal del Cielo sumó un nuevo capítulo con la declaración testimonial del arquitecto Jeffrey Berk, titular del estudio Jeffrey Berk Asociados, quien estuvo al frente del proyecto desde 2013. El profesional aseguró ante la Justicia Federal que todos los pagos por la obra fueron realizados por la Fundación Cielos Abiertos, entidad creada por la iglesia del pastor para canalizar donaciones.
Berk, convocado por el fiscal federal Patricio Sabadini, explicó que su estudio elaboró el anteproyecto, la documentación ejecutiva y la dirección de obra, pero no se ocupó de las contrataciones ni de la compra de materiales. Precisó que el primer contrato, firmado en marzo de 2013, ascendió a $1.355.643 —unos 300.000 dólares de entonces—, abonados en ocho cuotas mediante transferencias bancarias. Luego, el estudio percibía un 2,5% más IVA sobre el avance liquidado de la construcción.
El arquitecto reveló además que la obra, aprobada por el municipio en 2015, aún no está concluida y estimó un avance general de entre 40% y 60%. La sala central presenta un 75% u 80% de progreso, aunque todavía faltan cielorrasos, revestimientos y gradas. Berk, que visitó el predio por última vez en enero de 2024, criticó modificaciones hechas sin su supervisión, como la incorporación de una estructura en la fachada a la que definió como un “cascarudo cuadrado”. Según señaló, en la actualidad la fundación realiza tareas por su cuenta, en una lógica de “hágalo usted mismo”.
El Portal del Cielo, inaugurado parcialmente, es un estadio cerrado con capacidad para 15.000 personas sentadas. Aunque no hay cifras oficiales, la Justicia calcula que su costo no bajaría de los 50 millones de dólares. En paralelo, Ledesma alimenta su imagen pública relatando supuestos milagros en los que pesos se convertían en dólares o anillos de plástico en joyas.
La investigación judicial, a cargo del Juzgado Federal N° 1 de Resistencia que conduce la jueza Zunilda Niremperger, mantiene bajo análisis las cuentas del pastor, de su entorno, de la fundación y de una empresa vinculada. La Justicia ya levantó el secreto fiscal, bancario y financiero y busca información de la Unidad de Información Financiera (UIF) y del organismo recaudador provincial ARCA.
Otro dato llamativo es que la iglesia dejó de presentar balances en el Registro Público de Comercio en 2016, lo que dificulta conocer el flujo real de ingresos y egresos. Por ahora, no hay imputados ni acusaciones formales, aunque los investigadores subrayan que los aportes en su mayoría fueron anónimos, lo que complica rastrear el origen del dinero.
Fuente: Infobae