La pulseada entre el Gobierno y los trabajadores estatales sumó un nuevo capítulo. La Asociación del Personal del INTA (Apinta) y la Asociación Trabajadores del Estado (ATE) anunciaron que presentarán un reclamo penal en la Justicia contra la administración de Javier Milei por el pase a disponibilidad de 343 empleados del Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria (INTA), el Instituto Nacional de Vitivinicultura (INV) y el Instituto Nacional de Semillas (Inase).
El detonante fue la publicación, este viernes, de la resolución 1240/2025 en el Boletín Oficial con los nombres de los trabajadores afectados: 286 del INTA, 49 del INV y 8 del Inase. Para los gremios, la medida “es ilegal” porque desconoce la vigencia de una medida cautelar del Juzgado Federal en lo Civil, Comercial y Contencioso Administrativo N°2 de San Martín, que había frenado la aplicación del decreto 462/2025. Además, el Senado rechazó esta semana ese mismo decreto con 60 votos en contra, lo que, según los sindicalistas, refuerza la invalidez de la decisión oficial.
“El listado publicado es ilegal porque estaba vigente la cautelar y el rechazo del Senado. Son reacciones de bronca cuando no les gustan los fallos judiciales o las resoluciones de otro poder del Estado”, sostuvo Mario Romero, secretario general de Apinta. Aseguró que los trabajadores continúan ingresando a sus lugares de trabajo y adelantó que los equipos legales preparan varias presentaciones, incluida una denuncia penal por desobediencia judicial.
Los abogados de los gremios remarcan que la publicación de la resolución es “nula de pleno derecho” y viola la división de poderes: “Nicolás Bronzovich, presidente del INTA, nunca tuvo la potestad real de cambiar la estructura, así como el ministro Caputo no puede disponer pases a disponibilidad”. En su visión, el Ejecutivo actuó aprovechando una “ventana de oportunidad” antes de la revisión parlamentaria, pero sus efectos no tienen validez jurídica.
Delegados gremiales también alertaron sobre la angustia que genera la medida en las familias afectadas. Julieta Boedo, de ATE-INTA y parte del listado de despidos, advirtió: “Hace dos días obtuvimos un fallo favorable de la Justicia que ordenaba no innovar. Esto está por fuera de toda legalidad. No va a tener vigencia”.
Desde el exInase, Gloria Gómez cuestionó la decisión de avanzar contra organismos estratégicos para la producción y la investigación: “La alegría por el reconocimiento del Senado duró poco. Esto es un embate contra los más vulnerables y un golpe al sistema democrático”. Recordó que en esa institución trabajaban 232 empleados y que la lista de cesanteados incluye a profesionales de carrera, incluso a un ex presidente del organismo durante el gobierno de Juntos por el Cambio.
La tensión crece en paralelo al escenario político: el Senado ya había rechazado por amplia mayoría los decretos que habilitaban la disolución o intervención de entes públicos como el INTA, el Inase, el INV, el INTI o el INTA. Para los gremios, el Gobierno actúa por fuera de la legalidad y desconociendo la decisión de otros poderes del Estado, lo que augura un conflicto prolongado en los tribunales.