La jornada legislativa en la Cámara de Diputados del Chaco terminó con un episodio de trámite parlamentario muy polémico: el oficialismo, junto a la diputada Andrea Charole —según denuncias de la oposición y publicaciones en redes— impulsó enviar el proyecto de la cláusula gatillo al archivo y se retiraron del recinto, lo que dejó la sesión sin quórum y sin posibilidad de debate. La maniobra, que la oposición calificó de “entorpecimiento” y que derivó en fuertes cruces, quedó registrada en la transmisión oficial del debate.
El conflicto comenzó durante la mañana: la discusión por la desafectación del expediente escaló en gritos y acusaciones, esa primera votación fue sobre un aspecto procedimental: desafectar el expediente Nº 1638/25 (el que contiene el proyecto de la cláusula gatillo) para que pudiese ser tratado en la sala y, en esa instancia, la oposición logró un resultado positivo para poder avanzar.
Pero luego se planteó otra votación —sobre un destino distinto del proyecto— que los opositores calificaron de fuera de regla (desde la oposición incluso amenazaron con llevar a la justicia este caso) porque, sostienen, no integraba el temario a votar.
Fue esa segunda votación la que encendió las denuncias por irregularidad y la que permitió la suspensión práctica del tratamiento del proyecto. Se votó archivar el proyecto de ley de la cláusula gatillo. Votaron por esta opción los 15 diputados del oficialismo y la diputada de la oposición Andrea Charole.
Los gremios docentes, que semanas atrás ya habían llevado documentos y movilizaciones para exigir la sanción de la ley que reincorpora la actualización automática de haberes, estuvieron siguiendo la sesión de cerca y reaccionaron en redes y en la puerta del Legislativo. Para el arco gremial, bloquear el tratamiento por estas maniobras es postergar una respuesta urgente frente a la pérdida de poder adquisitivo de los docentes. Esa presión social y mediática fue constante durante la mañana.
Desde el oficialismo defienden la falta de quórum y las demoras argumentando restricciones presupuestarias y necesidad de cautela en el manejo de las cuentas provinciales; dicen que hay alternativas para evitar el impacto fiscal inmediato. La versión oficial contrasta con la de la oposición y los gremios, que ven en la maniobra una decisión política para postergar una ley que, según ellos, protege salarios. Ese choque de relatos es el núcleo político de la pelea.
Queda claro que el proyecto de ley se cayó por instrucciones precisas del gobierno provincial, mediante "tácticas parlamentarias" de dudosa legalidad.