La Corte de Apelaciones del Segundo Circuito en Nueva York aceptó este 15 de agosto la petición de la Argentina y extendió la suspensión de la orden que obligaba al Estado a entregar su 51% de YPF para satisfacer un fallo millonario, dejando en suspenso la decisión de la jueza Loretta Preska mientras sigue el trámite de apelación.
El origen del episodio viene de una condena que la misma jueza Preska dictó a finales de junio: ordenó la transferencia de las acciones para ejecutar un juicio por unos US$16.100 millones —cantidad que incluye los montos fijados en 2023 por los demandantes— y fijó plazos cortos para el cumplimiento. Argentina presentó recursos de emergencia y pidió que la entrega se suspenda mientras apela.
En el centro del reclamo están fondos e inversores que adquirieron derechos sobre demandas de accionistas minoritarios —entre ellos Burford Capital y Eton Park— y que buscan cobrar con activos de la compañía. El cálculo del juicio y los intereses diarios (que medios locales han señalado en alrededor de millones por día) hicieron que la posibilidad práctica de la transferencia pareciera, además de polémica, profundamente disruptiva para la economía y la soberanía estatal.
La causa, además de su arista legal, tomó dimensión diplomática: fuentes indicaron que el gobierno de Estados Unidos mostró explícita voluntad de intervenir a favor de medidas que eviten un impacto económico grave —con presentaciones que favorecen posturas que protejan la estabilidad del mercado y, en la práctica, permiten ganar tiempo a la defensa argentina—. Esa intervención no resuelve el fondo del asunto, pero sí modifica la mecánica: ganar tiempo = evitar una ejecución inmediata que sería explosiva.
Las consecuencias prácticas son importantes: YPF es la pieza central para explotar Vaca Muerta y para la estrategia de ingreso de divisas; entregar el paquete estatal podría complicar inversiones, financiamiento y la gobernabilidad de la empresa, además de abrir un desastre político. Por eso los analistas esperaban que, más allá de los tecnicismos procesales, la solución termine buscando un acuerdo o alguna alternativa de colateral antes que una cesión efectiva de control.
Qué sigue: la decisión de la Corte de Apelaciones permite que Argentina lleve el recurso y pida que se revoque la orden de Preska. Es probable que veamos argumentos legales intensos en los próximos pasos (segundos circuitos, eventuales peticiones al Supremo) y negociaciones paralelas entre las partes. Para la Argentina esto no es victoria final: es un respiro procesal con mucha tela para cortar.