Miles de personas se concentraron este lunes frente al Congreso de la Nación para rechazar con firmeza el veto presidencial que anuló la ley de emergencia en discapacidad, aprobada por amplia mayoría en ambas cámaras. Bajo la consigna “No es austeridad, es abandono”, familias, profesionales y trabajadores del sector hicieron visible lo que el Gobierno parece no querer ver: que detrás de cada número recortado hay una vida que se apaga lentamente.
Ademas, un desproporcionado número de agentes de la Policía Federal y la Gendarmería Nacional sacó a los empujones a las personas que se manifestaban pacíficamente este martes por la mañana frente del Congreso Nacional, tras el veto del presidente Javier Milei a la Ley de Emergencia en Discapacidad. Las manifestaciones a favor de las personas con discapacidad se replicaron en las principales ciudades del país.
El presidente Javier Milei vetó una ley que no sólo contaba con amplio respaldo legislativo, sino que fue fruto de años de lucha de un sector históricamente relegado. Lo hizo sin mostrar alternativas ni proponer soluciones reales, con el mismo desprecio con que insiste en negar el rol del Estado en la protección de los más vulnerables. Pero Milei no es un emperador. Es un administrador elegido en democracia. Su función no es castigar a la población sino garantizar derechos, aún cuando los números no cierren en sus tableros ideológicos.
El texto vetado contemplaba la creación de un fondo específico y partidas reforzadas para evitar el colapso del sistema de atención integral a las personas con discapacidad. La respuesta del Ejecutivo fue el silencio, seguido de una justificación fiscal: el costo sería de seis billones de pesos. Pero la verdadera pregunta es: ¿cuánto cuesta la dignidad de un país? ¿Qué valor tiene sostener un centro de día, un transporte accesible, una terapia que evita la institucionalización, frente a la tragedia del abandono?
Las familias cargaron con fuerza simbólica el reclamo. Se instaló una silla de ruedas inflable frente al Congreso, y se repitieron consignas que sonaron como gritos de auxilio: “Vetaron derechos, no fondos”, “El Estado nos dio la espalda”, “¿Cómo se sobrevive sin apoyos?”.
No fue sólo una protesta pacífica. Fue también un acto de resistencia civil. Hubo tensión cuando la Gendarmería intentó despejar la avenida Entre Ríos. Padres y madres se interpusieron con sus cuerpos frente a los escudos. No hubo violencia, pero sí un mensaje claro: si el Estado abandona, la ciudadanía defiende.
La actriz Valentina Bassi, madre de un joven con autismo, expresó lo que muchos sienten: “El veto es crueldad. Quieren ahogar al sector discapacidad. Las instituciones se están cayendo a pedazos. Y el Gobierno mira para otro lado”.
Mientras tanto, organizaciones como la Cámara Argentina de Servicios de Apoyo a la Inclusión Educativa (Casaie) advirtieron que la decisión presidencial profundiza una exclusión estructural. “La ley buscaba evitar cierres de centros, garantizar aranceles dignos, evitar cortes en servicios vitales. Vetar esa ley es negar la realidad y condenar a miles de personas al abandono”, afirmaron.
Desde el Gobierno, ni una palabra. Ni un mensaje de contención, ni una promesa de revisión. Sólo frialdad fiscal. Como si la discapacidad fuera un gasto y no una responsabilidad del Estado. Como si los derechos humanos pudieran suspenderse por decreto.
La movilización tuvo impacto internacional. El diario El País, de España, tituló: “El veto de Milei amenaza la atención a las personas con discapacidad”. El mundo toma nota. La pregunta es si el Congreso argentino hará lo mismo y avanzará en la insistencia para que la ley sea promulgada.
Porque en democracia, los vetos no son coronas. Y la austeridad, cuando se aplica a costa de los más indefensos, deja de ser una política económica para convertirse en una forma de violencia institucional.
Fuente: La Nación