Brasil lidera un cambio en la justicia ambiental al desarrollar protocolos específicos que permiten a los jueces cuantificar los daños climáticos derivados de la deforestación. Este avance convierte al país en pionero al asignar valor monetario a emisiones contaminantes, algo que hasta ahora no lograban otros litigios climáticos globales.
El impulso vino desde el propio poder judicial, y no de la sociedad civil como en otros países. Los fiscales brasileños lideran las demandas y el Consejo Nacional de Justicia (CNJ) estableció políticas innovadoras que reconocen el cambio climático como una cuestión judicial prioritaria.
En este contexto, se elaboraron dos protocolos clave: uno orientado al uso de evidencias como imágenes satelitales, y otro que define cómo calcular económicamente el impacto climático. Este último determinó que una tonelada de CO₂ equivale, como mínimo, a 5 dólares estadounidenses.
Los jueces deben aplicar esta fórmula a los casos de deforestación o incendios forestales, convirtiendo la superficie afectada en toneladas de carbono liberadas y, luego, en indemnizaciones económicas. Esta metodología ya comenzó a emplearse en casos reales.
Leyes ambientales brasileñas como marco para la justicia climática: Brasil cuenta con una robusta legislación ambiental que respalda estas acciones judiciales. Entre sus pilares está la Ley de Política Nacional sobre el Cambio Climático (Ley 12.187/2009), que establece medidas de mitigación y adaptación a nivel nacional, en línea con los compromisos del país en tratados internacionales.
También es relevante la Ley de Crímenes Ambientales (Ley 9.605/1998), que tipifica delitos como la deforestación ilegal o los incendios provocados. Esta norma fue clave en procesos judiciales que ahora incluyen también la categoría de “daño climático”.
Por otra parte, el Fondo Nacional sobre Cambio Climático (FNMC) canaliza recursos de las indemnizaciones ambientales hacia proyectos sustentables. Estas herramientas legales permiten que la justicia brasileña no solo castigue, sino que repare y contribuya activamente a la protección climática.
De las leyes a la práctica judicial por el daño climático: En diciembre de 2024, la Fiscalía Federal presentó 193 demandas nuevas contra más de 600 deforestadores. Estas acciones reclaman más de 240 millones de dólares por daño ambiental, y utilizan por primera vez el protocolo climático del CNJ como base legal.
Los jueces de primera instancia ya comenzaron a aplicar la metodología. En abril de 2025, uno de los primeros fallos condenó a un acusado a pagar más de 350 mil dólares por daños climáticos en la Amazonía, calculados con el precio mínimo del protocolo.
Incluso se propusieron sanciones más severas: en un caso en curso, un ganadero enfrenta el congelamiento de más de 50 millones de dólares en activos por daños estimados usando el valor de carbono sugerido por la OCDE, de más de 70 dólares por tonelada.
Aunque inicialmente diseñado para deforestación e incendios, el protocolo brasileño abre la puerta a reclamar por otras fuentes de emisiones, como la ganadería o incluso centrales térmicas, si se establece una metodología clara de cálculo.
La indemnización puede destinarse a cualquier entidad pública o privada que trabaje por el ambiente. En general, los jueces canalizan estos fondos hacia el FNMC, que prioriza proyectos de energías renovables o mitigación del cambio climático.
Brasil aún debe evaluar si este enfoque reduce efectivamente la deforestación. Pero su modelo ya genera interés internacional. Indonesia, por ejemplo, comenzó a cuantificar daños similares. Con adaptaciones, esta metodología podría replicarse en otros países.
El enfoque brasileño transforma cómo los tribunales enfrentan el cambio climático. Al ofrecer guías técnicas para medir daños y asignar responsabilidades, fortalece la justicia ambiental y marca un precedente replicable en regiones con alta presión sobre ecosistemas.
El éxito dependerá de su implementación efectiva, la evolución de los criterios técnicos y la voluntad política para ampliar su alcance. Pero el mensaje es claro: la justicia puede ser una aliada poderosa en la defensa del clima.
Fuente: Noticias Ambientales