El domingo 27 de julio por la noche fue hallado sin vida el cuerpo de Érica Almirón Romero, de 24 años, en un departamento de Fortín Alvarado 91, en Resistencia. Su pareja actual dio aviso al 911 alrededor de las 23:30, tras hallarla inconsciente con signos de asfixia por gas liberado en el interior del inmueble. Pese al rápido arribo de los servicios médicos, Érica falleció en el lugar y el caso se caratuló inicialmente como “muerte dudosa” .
Horas después, la investigación dio un giro cuando la madre de Joaquín Alfredo Pérez (29), exnovio de la víctima, se presentó en la Comisaría Cuarta con una carta manuscrita en la que él confesaba el asesinato: “Maté a Érica, lo siento mamá”. A partir de ese testimonio, se montó un operativo conjunto entre las policías de Chaco y Corrientes, que culminó con su detención en el paraje Sao Borjita mientras intentaba huir hacia Paraguay en un micro de larga distancia, sin oponer resistencia .
En la audiencia de feria, la fiscal María Noel Benítez (Equipo Fiscal N° 11 de Género) precisó que el diagnóstico preliminar determinó la muerte por estrangulamiento, con escoriaciones en el cuello. Aunque aún aguardan los resultados de las pericias toxicológicas y anátomo-patológicas, la ausencia de denuncias previas no excluye “un contexto de maltrato sistemático” en la relación que había durado unos tres años y concluido dos meses antes del crimen .
Chaco mantiene una de las tasas más elevadas de violencia de género del país. Según un recuento de medios y organizaciones locales, al 30 de julio de 2025 ya se habían registrado 8 femicidios en la provincia, ubicándola entre las más afectadas de Argentina . Esta cifra —que casi duplica el promedio nacional en el mismo período— subraya la urgencia de fortalecer tanto la prevención como la reparación para las víctimas.
El Plan Integral contra la Violencia de Género del gobierno chaqueño incluyó en julio de 2025 la entrega de 100 dispositivos duales de geolocalización a mujeres en riesgo, con alerta electrónica en tiempo real para casos de violencia . Además, se han habilitado equipos interinstitucionales de atención —judicial, social y psicológica— y se llevan adelante capacitaciones obligatorias para operadores del sistema.
No obstante, organizaciones feministas locales y ONU Mujeres coinciden en que la falta de presupuesto y la demora en las órdenes de restricción judicial siguen siendo los principales obstáculos para una protección efectiva. Reclaman, además, el despliegue de más refugios provinciales y el fortalecimiento de los observatorios de género para un seguimiento día a día de los casos.
Este nuevo crimen, el octavo denunciado este año, vuelve a visibilizar la crisis estructural de la violencia machista en Chaco. El reclamo es claro: justicia rápida, recursos suficientes y políticas con presupuesto propio para evitar que un nombre más se sume a la larga lista de víctimas.