La muerte del suboficial Alejandro Tejerina, quien se quitó la vida en un baño del Hospital Churruca, encendió todas las alarmas dentro de la Policía Federal Argentina. Su caso, atravesado por el abandono institucional, se convirtió en un reflejo del deterioro profundo que afecta a la fuerza en el marco del ajuste impulsado por el gobierno nacional.
Desde la asunción de Javier Milei, y bajo la conducción del Ministerio de Seguridad a cargo de Patricia Bullrich, los policías federales acumulan una pérdida salarial estimada en un 50% en comparación con sus pares de la Policía de la Ciudad. Esto derivó en un récord histórico de renuncias voluntarias: más de 600 bajas en apenas seis meses, diez veces más que el promedio habitual.
Otro punto crítico es el colapso del sistema de salud. La obra social policial ha reducido drásticamente su cobertura, especialmente en el interior del país. El Hospital Churruca, emblema de la atención médica para el personal de la fuerza, atraviesa una situación grave, con sectores cerrados, falta de insumos y servicios paralizados. A esto se suma un creciente malestar con la ministra Bullrich, a quien muchos efectivos acusan de haber "dado la espalda a la tropa" y advierten sobre un acercamiento político con la vicepresidenta Victoria Villarruel.
El suicidio de Tejerina, quien dejó una carta dirigida al director del hospital donde denunciaba malos tratos y condiciones laborales críticas, fue interpretado por numerosos compañeros como una consecuencia directa del abandono. Durante la gestión anterior, a cargo de Aníbal Fernández, se habían asignado fondos extraordinarios para recomponer la situación sanitaria. Hoy, el panorama es el opuesto.
A las demandas salariales y sanitarias se suman denuncias por presuntas irregularidades en contrataciones y licitaciones internas. El clima es de creciente tensión: el malestar se profundiza día tras día y la Policía Federal atraviesa una de sus peores crisis en décadas.
Fuente: vm24noticias