La tensión entre el gobierno de la provincia de Buenos Aires y el Ejecutivo nacional sumó un capítulo alarmante: el ministro de Seguridad bonaerense, Javier Alonso, denunció que un grupo de 24 policías en funciones trabajaba activamente para la campaña del comisario retirado Maximiliano Bondarenko, recientemente ungido como candidato a diputado provincial por La Libertad Avanza en la estratégica tercera sección electoral.
La maniobra fue calificada como un intento de “complot institucional” por parte del gobierno de Axel Kicillof. Según las investigaciones iniciadas por Asuntos Internos de la Policía Bonaerense, los oficiales, algunos de ellos de alto rango, habrían utilizado recursos públicos —oficinas, computadoras, personal subordinado— para colaborar con Bondarenko en su estrategia electoral, mientras recopilaban información sensible y mantenían contactos con actores del Ministerio de Seguridad de la Nación.
El caso cobró aún mayor gravedad cuando se confirmó que, pese a haber sido dado de baja de la fuerza en abril, Bondarenko mantenía una estructura de apoyo interna dentro de la policía, y que habría articulado con referentes nacionales libertarios. La propia ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, no solo confirmó el vínculo, sino que lo respaldó públicamente: “Hace tiempo que, a pedido de Sebastián Pareja, venimos trabajando con Maxi”, aseguró, en alusión al operador clave de Karina Milei en la provincia.
En el entorno de Kicillof manejan una hipótesis inquietante: que desde sectores del Gobierno nacional se alentó la construcción de una base de operaciones dentro de la policía bonaerense para debilitar políticamente al gobernador y avanzar en una eventual intervención federal. En este sentido, recuerdan el mensaje publicado por el propio Javier Milei en febrero, cuando acusó a Kicillof de provocar un “baño de sangre” en la provincia y reclamó, sin fundamentos institucionales, su renuncia.
Los allanamientos realizados por Asuntos Internos confirmaron que los policías involucrados no solo actuaban en coordinación con Bondarenko, sino que también producían documentos con su firma o con el logo de La Libertad Avanza, en plena jornada laboral. Incluso, algunas comunicaciones internas hacían referencia al alzamiento policial en Misiones, sugiriendo afinidades tácticas y aspiraciones de control interno sobre la fuerza.
Bullrich, lejos de desmarcarse, intentó relativizar el hecho alegando que los policías fueron desplazados simplemente por haber compartido “un asado de camaradería” con Bondarenko. Pero el propio material recolectado en los procedimientos contradice esa versión. “No se los desafectó por un asado”, replicaron desde el Ejecutivo bonaerense. “Estaban montando una operación desde sus cargos, con recursos del Estado y con objetivos partidarios”.
Bondarenko, ex integrante de Cambiemos y cercano al radical Facundo Manes antes de su conversión libertaria, aparece en redes sociales junto a Bullrich en actividades oficiales del Ministerio de Seguridad, como la incineración de drogas en Tigre el pasado 5 de julio. En los grupos de mensajería, el ex comisario daba instrucciones, agradecía aportes y organizaba acciones de campaña, mientras sus hombres recababan datos de municipios y áreas oficiales.
El caso ya fue judicializado y en La Plata evocan antecedentes históricos como el de “Los Sin Gorra”, el grupo de policías desplazados en los '90 que luego intentaron incidir en la política de seguridad. “La policía tiene normas claras. No puede hacer política partidaria activa mientras está en funciones”, recordó Alonso. “Si quieren hacer política, deben pedir la baja. Es lo que el propio Bondarenko hizo hace unos meses”.
El episodio suma un nuevo foco de tensión entre Nación y Provincia, y coloca al oficialismo libertario en una posición incómoda, con sectores de su armado directamente implicados en actividades que podrían configurar un uso ilegal de la fuerza pública. El gobernador Kicillof, por su parte, optó por un tono sobrio: “Hay normas, hay leyes, y hay que respetarlas”.
El escándalo también se inscribe en el plan de campaña de Bullrich, quien buscaría encabezar la lista al Senado por la Ciudad de Buenos Aires y que redobla su confrontación con el kirchnerismo usando como plataforma la agenda securitaria. Desde su cartera, se impulsó recientemente el uso de cárceles federales para detener a militantes peronistas tras un escrache a José Luis Espert. En paralelo, el armado de La Libertad Avanza busca fidelizar el voto de la “familia policial”, un sector que hoy se convierte en campo de batalla política.
Fuente: Pagina12